HI HAN MÉS JUDICIS EN LES QUE NO ES FA CAS ALS TESTIMONIS: L´ABSOLUCIÓ DELS TRAJES DE CAMPS, PER EXEMPLE
21 de gener del 2012, recordem-ho
"La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes".
"El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel."
"Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".
El sastre, la cajera y los cabecillas de Gürtel, los testigos clave en el 'caso de los trajes'
El sastre Jose Tomás, durante el juicio por el 'caso de los trajes' contra Ricardo Costa y Francisco Camps.Kai Försterling / EFE
De los noventa testigos que han declarado en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa, algunos han destacado por la relevancia de sus testimonios.
La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes.
El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel.
Los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, la cajera de la tienda madrileña Forever Young o el sastre José Tomás se han convertido en algunos de los testigos más importantes del juicio por el llamado 'caso de los trajes' contra Francisco Camps y Ricardo Costa.
Cerca de noventa personas han explicado al tribunal popular del juicio de los trajes su versión acerca de los regalos que supuestamente entregó la trama Gürtel al expresident de la Generalitat y al exsecretario general del PPCV durante los 26 días que ha durado el juicio.
Sus declaraciones, en algunos casos, como el de José Tomás y el del propietario de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, se llegaron a prolongar hasta siete horas por las preguntas de las fiscales y los abogados, muchas de las cuales no obtuvieron respuesta.
La primera persona que declaró como testigo fue la exadministradora de varias empresas del grupo Correa, Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".
Jordán, bajo protección policial tras las denuncias que interpuso contra Francisco Correa y Pablo Crespo, aseguró ante el juez que en realidad no sabía si eso era cierto yachacó la afirmación a los nervios y la presión.
Correa sucedió a Jordán en la sala pero decidió guardar silencio, una opción que aceptó el magistrado al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid con los que podría existir relación.
El supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, aconsejado por el mismo abogado que Correa, también prefirió no prestar declaración, pero cambió de idea durante el interrogatorio del abogado defensor de Camps y aseguró que ninguna de las empresas que dirigía pagó prendas de vestir ni a Camps ni a Costa.
A Álvaro Pérez, 'El bigotes', le llegó el turno de declarar como supuesto responsable de la filial valenciana de Gürtel días después, y aunque también se negó a declarar, no desaprovechó la oportunidad de realizar una única afirmación para negar haber regalado trajes a los imputados en la causa.
Los tres cabecillas comenzaron a ser investigados a raíz de una denuncia del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que también prestó declaración y aseguró que Correa le había hablado del sastre que hacía "todas las cosas para Camps y Costa", aunque añadió que no podía saber si sus empresas regalaron trajes a políticos valencianos.
Facturas modificadas, escoltas que prestan dinero...
Otro de los testigos más esperados fue José Tomás, quien aparte de insistir en que no era sastre declaró durante cerca de siete horas, afirmando que Camps no pagó ninguna de las prendas de vestir adquiridas en las tiendas en las que trabajaba y que todo se computaba en una cuenta que abonaba Pablo Crespo.
Las declaraciones de los testigos también incluyeron la comparecencia del exvicepresidente del Consell Víctor Campos, que junto al exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, que se negó a declarar en el juicio, aceptó en septiembre el pago de una multa de 9.600 euros por aceptar regalos de la trama.
Sin embargo, en el juicio Camps se declaró inocente y aseguró que había firmado la conformidad "a efectos formales" para acabar "con un drama personal", algo que según dijo también iba a hacer Camps el mismo día que dimitió como president porque así habían "quedado los cuatro".
También destacó la declaración de una excajera de Forever Young, María Calero, quien afirmó que ninguno de los acusados le pagó nunca en efectivo en sus visitas a la tienda y relató que la primera vez que vio a Camps, éste se acercó hasta la caja para darle la mano y no para abonar el traje que se estaba llevando.
Al día siguiente, el que fue su jefe y propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, mostró su versión de los hechos, que consiste en que Tomás facilitó a modo de regalo facturas falsas a Pérez y Crespo "para que se desgravaran" esos importes.
Además, negó la declaración del informático Francisco Ferre, que había admitido horas antes que, a petición de los responsables de Forever Young, modificó tres registros de venta sustituyendo el nombre "Camps" por la inscripción "Alv Pérez", que según afirmó correspondía al nombre del responsable de Orange Market.
Una de las últimas declaraciones destacadas fue la del exescolta de Camps, un policía nacional que afirmó haber prestado cerca de 200 euros al expresident para pagar en Forever Young, versión que corroboró el conductor oficial que también les acompañaba en ese momento.
La vicepresidenta del Consell y Consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero Benítez comparece en la comisión de de investigación por la gestión de dana el 29 de octubre de 2024 en el Congreso de los Diputados.
Carlos Mazón, en la comisión de la Dana del Congreso
Foto: EP/EDUARDO PARRA
Pablo Plaza Publicado: 23/11/2025 ·06:00
VALÈNCIA. Ha tenido que pasar más de un año desde aquel fatídico 29 de octubre para conocer mejor cómo se desarrolló la comida entre el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de la Dana. El encuentro, que Presidencia trató de ocultar inicialmente, salió a la luz pero sin aclarar los horarios del president aquella tarde en la que, mientras eso sucedía, decenas de personas se ahogaban en la provincia de Valencia y el Cecopi, reunido en el centro de coordinación de l'Eliana a partir de las 17h, estudiaba qué medidas adoptar hasta el envío tardío de la alerta masiva.
Los testimonios de aquella tarde, prestados por los protagonistas del encuentro -Mazón y Vilaplana- pero también por el dueño del restaurante, permiten reconstrurir muchos de los detalles de la comida de manera más o menos fiel pues todos ellos han prestado declaración con obligación de decir verdad: el president, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, y la comunicadora y el hostelero, en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, encargado de la investigación sobre la gestión de la catástrofe.
El último en hacerlo fue el propietario de El Ventorro, que acudió este viernes citado como testigo a los juzgados de Catarroja. Según su relato, fue una mujer de la Generalitat Valenciana la que llamó dos o tres días antes para hacer la reserva. El 14 de octubre, Mazón había coincidido con la comunicadora en una gala, según el relato de esta, y le dijo que tenía que hablar con ella para tener "algún tipo de colaboración". Ante la voluntad de Vilaplana de que no "fuera nada oficial" porque ella, especializada en asesoramiento de comunicación de empresas, no quiere trabajar para la política, el president le invitó a comer en un restaurante.
El primero que llegó al restaurante fue Mazón, entre las 14.15h y las 14.30h, solo y sin escolta, y le sirvieron agua y unas olivas, explicó el restaurador, si bien el jefe del Consell dijo que había ido con escolta, por lo que pudo dejarlo fuera. Más tarde, sobre las 14.50h o las 15h, entró Vilaplana y se le acompañó hasta el reservado, ubicado en la primera planta del establecimiento, y sin televisión pero con cobertura para la mayoría de compañías telefónicas, lo cual casa con el relato de la periodista.
La periodista Maribel Vilaplana en su llegada al juzgado. Foto: KIKE TABERNER
En algún momento tras empezar la comida, Vilaplana declaró que a Mazón le subieron unos documentos para que los firmara. Algo que confirma el dueño de El Ventorro, según el cual "llamaron de la Generalitat" y "vino un señor" con "un sobre" para que el president estampara su firma. El restaurador señala que se apartó e incluso salió de la sala en ese momento -"no me gusta estar en esas cosas", dijo-. Eran, tal como se supo después confirmado por Presidencia, un listado de nombres para unas becas de deportistas de élite, que necesitaba ser publicada para que los beneficiarios pudiesen solicitar exenciones educativas, cuyo plazo vencía.
Según el hostelero, la comida fue "normal de tiempo" y "no hubo nada extraño" en el pedido. Vilaplana declaró que bebieron agua y vino, algo que refrendó el president en su declaración en el Congreso de los Diputados. Uno de los asuntos tratados en la comida giró en torno a la televisión pública, À Punt. Mazón le preguntó si se había "planteado ir a la tele", a lo que ella dijo que no quería volver a la televisión y que "ni siquiera tenía un buen recuerdo" tras el cierre de Canal 9, que fue para ella "un drama". Así pues, el president le aclaró que la oferta no era como periodista, sino que le estaba planteando acceder a "un cargo".
"Él me decía que era una profesional que podía ser buena candidata", relató Vilaplana, según la cual se negó en rotundo porque dijo estar "muy a gusto" en su actual trabajo además del hecho de que no sabe dirigir. Fue entonces cuando Mazón le pidió consejos sobre el rumbo de À Punt. "Recuerdo que hablamos del cambio de nombre, de recuperar presentadores antiguos y de la lengua", explicó, y la periodista confesó que le "enervaba que no se utilizara más la lengua". Mazón, aunque dijo hacer algunos discursos en valenciano, aseguró encontrarse "más cómodo" haciéndolos en castellano y ella le ofreció un asesoramiento "de manera extraoficial", aunque se negó a trabajar para altos cargos porque "no quería trabajar para la política". "Era darse un tiro en el pie", aclaró.
Vilaplana aseguró que la comida transcurrió dentro de la normalidad y que el president en ningún momento le transmitió intranquilidad. "Ni oigo palabras como Dana, Cecopi o lluvias", dijo ante la magistrada, a la que negó que Mazón estuviera incomunicado pero no recordaba que sonara su teléfono: "Él se giraba y escribía y me miraba, yo no recuerdo que el teléfono sonara", fueron sus palabras. Contactos telefónicos tuvo el president, eso sí, y se fueron acrecentando conforme pasaba el tiempo, según el testimonio de la periodista.
Ella insistió en que el jefe del Consell nunca le habló del contenido de esas llamadas: "No oigo nada y el tampoco me transmite nada". Maribel cuenta que, para llamar, Mazón se levantaba y se apartaba dentro del mismo reservado. El restaurador, por su parte, declaró que entró unas 7 u 8 veces al reservado pero "nunca" vio de pie a Mazón, "siempre" estaba sentado, y no le vio hablar por teléfono en ningún momento. Aunque ciertamente explicó que su última entrada al reservado se produjo sobr las 17h de la tarde, momento a partir del cual, explicó Vilaplana, se aceleraron las llamadas.
La comunicadora recibió sobre las 17.30h un vídeo de Utiel inundado a través de un chat familiar. Se trataba de un link de Twitter que pasó su exmarido y que según ella, no abrió, aunque respondió con un emoticono de sorpresa. "Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... 'ostras'", señaló a la jueza, e indicó que miró el mensaje familiar en una de las ocasiones en las que Mazón se había levantado de la mesa, pero que no le dijo nada sobre él.
En cuanto a la salida del restaurante, la periodista dijo que sería sobre las 18.30h de la tarde y el propietario de El Ventorro, confirmó que "se fueron entre las 18.30h y las 19h aproximadamente", negando que se fueran más allá de esa hora, dijo que "nunca" vio "preocupado" al jefe del Consell. El resataurador no ha podido concretar más la hora de salida, tampoco aportando el tique de la comida porque, dijo, él emite facturas, por lo que "no se puede saber" la hora concreta. De hecho, hizo la factura al día siguiente, según su relato, y atendiendo las indicaciones que le hicieron desde Presidencia, la envió al Partido Popular. Para cuando se fueron, explicó el hostelero, ya "no quedaban clientes". Vilaplana confirmó que se dirigieron al parking, que se encuentra en las proximidades del establecimiento.
Salomé Pradas y Carlos Mazón, a la salida de un Cecopi -
Foto: EFE/Kai Försterling
En el trayecto, como ella trabaja para el Levante, le pidió que fuera a ver un partido de fútbol, un derbi contra el Elche, y le pidió que se comprometiera a asistir. El paseo discurrió "con normalidad" y sin prisa, en palabras de la comunicadora. Una vez allí, la periodista tuvo que ir a su coche a recoger el ticket y luego fue al cajero a pagar, por lo que tardaría unos cinco minutos, dijo, aunque aseguró que no podía entregar el ticket porque no lo tenía pero la jueza lo pedirá a la empresa que gestiona el aparcamiento.
La jueza ahora indaga la hora concreta en la que abandonó las instalaciones y ha requerido a Vilaplana los datos bancarios para verificar cuál de todos los pagos que registró la concesionaria del aparcamiento corresponde al vehículo de la periodista, dado que el parking no guarda datos de matrículas más allá de un año.
A las 19.10h y a las 19.36h figuran dos llamadas de Pradas a Mazón que éste no atendió. Mazón explicó sobre la primera que no la oyó porque iría andando y tendría el móvil "en la mochila". En cuanto a la segunda, dijo que debía de estar hablando con otra persona, por lo que "era difícil" que la cogiera. "No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono", insistió. A las 19.43h, llamó a la consellera y esta sería la llamada donde ella le informaría de que se iba a enviar la alerta masiva a la población. En estos momentos, se desconoce dónde estaba el president, según el cual estaría en el Palau de la Generalitat, aunque se negó a entrar "en el minutaje".
El suéter, el ordenador y el reservado
La declaración del propietario del restaurante El Ventorro ha introducido también nuevas dudas sobre cómo transcurrió realmente aquel encuentro. Las versiones sobre el espacio del reservado, la disposición de la mesa, la presencia de un ordenador o incluso la vestimenta del jefe del Consell difieren entre los testimonios recogidos en la causa.
Según explicó el dueño del local, el reservado es una estancia de dimensiones similares a un estrado judicial y cuenta con una mesa redonda para cuatro o cinco personas. Este detalle ha generado interrogantes entre las partes, al cuestionar la posibilidad de mantener conversaciones privadas sin que el otro comensal pudiera escucharlas. Vilaplana, en su declaración, sostuvo que el president “se levantaba y se distanciaba” y que no alcanzaba a oír sus conversaciones. Varias acusaciones han solicitado a la jueza una fotografía del espacio para clarificar la escena.
También ha suscitado dudas la supuesta presencia de un ordenador portátil. Vilaplana afirmó que, en los momentos en que Mazón se ausentaba durante un tiempo prolongado, aprovechó para preparar clases en su ordenador. Sin embargo, el propietario aseguró que no vio ningún dispositivo sobre la mesa ni al president levantado o hablando por teléfono durante las “siete u ocho veces” que entró a servirles.
Las discrepancias alcanzan incluso a la indumentaria. La periodista relató que Mazón se quitó la americana y se puso un jersey durante la comida, sin concretar si era el mismo que después llevó al Cecopi. Y el president, en el Congreso, admitió haberse puesto el jersey durante la comida. "No me cambié de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. En invierno si tengo frío me pongo un jersey, suelo llevarlo", dijo el president en funciones. Pero el hostelero, en cambio, aseguró que el jefe del Consell vestía una chaqueta oscura, sin corbata, y que salió del local con la misma prenda, sin haberle visto ningún jersey ni cambio de ropa. ¿Dónde se cambió el president la ropa, pantalón incluido, con la que acudió más tarde al Cecopi? castellonPlaza
La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La asociación Defiéndete en Derecho presentó hace meses un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial, suscrito por 10.500 personas de todos los sectores de la sociedad civil española, solicitando el no procesamiento del Fiscal General del Estado, sin haber recibido respuesta alguna a dicho escrito.
Decíamos en nuestro escrito que: “Observamos una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la Administración de Justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político. Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del Parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública.” Decíamos asimismo que nuestra Asociación no alcanzaba a comprender “cómo un secreto revelado por un obligado tributario, que mantiene un conflicto con la Administración de Hacienda y la de Justicia, y sobre el que es el primero en comunicar públicamente una supuesta negociación con la Fiscalía competente por la imputación de un delito fiscal, se transforma en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación.”
Hemos asistido después a un juicio mediático cuyo desenlace ha sido hecho público en una fecha cargada de simbolismo en la historia de nuestro país, simbolismo perfectamente conocido por los magistrados del Alto Tribunal (lo contrario sería suponer una impericia injustificable), habiéndose publicitado la sentencia con una inusitada celeridad —en lo que no es la práctica jurídica habitual de ese Tribunal— y sin estar redactado el contenido de la misma; anomalías todas ellas haciendo difícil de comprender en fecha tan señalada.
Cabe recordar y reiterar que, ante la denuncia espuria de un sindicato de ultraderecha, unos funcionarios de la Administración Pública y miembros del Tribunal Supremo se han mostrado alineados con los intereses políticos conservadores tras una deliberación que apenas ha durado siete días, para un asunto que ha sido calificado por todos los operadores como de una trascendencia de especial gravedad. Y, sustituyendo a la ponente prevista para la redacción de la sentencia, muestran una suerte de celebración del 50 aniversario de la muerte de un dictador.
Creemos que esta situación genera un enorme descrédito para la administración funcionarial de la Justicia. Y, por todo ello, somos conscientes de la necesidad de reaccionar ante situaciones sobrevenidas que no debemos democráticamente consentir.
El 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó en 1948 y que se vulnera tanto a escala mundial como, en este caso y otros, en España. ¿Dónde queda el “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo) y el artículo de esa declaración universal que protege la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la libertad de prensa, cuando se obvia paladinamente la declaración de periodistas sujetos a la obligación de no revelar sus fuentes de información?
Creemos respetuosamente que esos preceptos se han vulnerado y nos parece prudente exigir (también con el mayor respeto a la independencia del Poder Judicial) la inmediata dimisión de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno. Precisamente para que el Poder Judicial sea eso: independiente.
Opinamos que es preceptivo, si es que la soberanía reside en el pueblo, como dicta nuestra Constitución, norma de obligado cumplimiento para todos y, especialmente, para quienes, como son los jueces, deben hacerla cumplir.
En consecuencia, llamamos a toda la ciudadanía que esté de acuerdo con nuestra proposición para que firme el apoyo público a este escrito, a fin de remitírselo al Defensor del Pueblo y al Consejo del Poder Judicial, por considerar que es presumible la vulneración de derechos constitucionales que habrán de dirimirse una vez conocida la sentencia y los votos particulares de la Sala.
La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La planta contará con una infraestructura propia de conexión y evacuación eléctrica.
Imagen de archivo
CASTELLÓ. El impulso a la energía fotovoltaica no cesa y suma nuevos proyectos en la provincia de Castellón. La mercantil madrileña Doha Jerez 1 ha solicitado la autorización previa y de construcción para levantar una planta solar de 23 MW en Onda con una inversión algo superior a los 2,5 millones de euros, según recoge el anuncio publicado este viernes por el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. La instalación, denominada Doha Jerez Onda 1, se ubicará en los polígonos 8 y 9 del término municipal y contará también con una infraestructura propia de conexión y evacuación eléctrica. Concretamente, el planeamiento, sometido a la evaluación de impacto ambiental simplificada, prevé la colocación de un total de 32.984 paneles de 700 W, que permitirán alcanzar la potencia total.
Asimismo, el diseño del proyecto incorpora cinco centros de transformación, un entramado de líneas subterráneas de media tensión, así como una subestación desde la que se derivará una línea híbrida –bajo tierra y aérea– hasta la subestación denominada Corral del Cuervo, propiedad de Iberdrola. Esta conexión resulta clave, ya que permite integrar la producción generada en la red de distribución eléctrica. La tramitación, que persigue "acelerar la implantación de energías renovables", abre ahora un periodo de un mes de información pública para la presentación de alegaciones tanto por parte de particulares como de organismos públicos y privados afectados.
El despliegue de la energía fotovoltaica en Castellón
La llegada de este nuevo proyecto se suma al intenso proceso de transformación energética que vive la provincia. La comarca de la Plana Baixa, particularmente, representa una de las zonas con mayor inversión en plantas solares debido a factores como la disponibilidad de suelo, su proximidad a 'nudos' eléctricos o la creciente demanda industrial del entorno, especialmente por parte del sector cerámico. En los últimos años, el Ayuntamiento de Onda ha recibido múltiples solicitudes similares, aunque no todas han terminado por materializarse. Entre los ejemplos recientes se encuentran la 'macroplanta' del Grupo Sonnedix, vinculado al fondo de inversión JP Morgan, con una inversión prevista de 17 millones de euros y más de 47.000 paneles. Por otro lado, la compañía alemana Abo Energy desistió en octubre de su proyecto por informes contrarios.
La instalación conectará con la subestación Corral del Cuervo, propiedad de Iberdrola. -
Foto: RAFA MOLINA
De esta manera, a nivel provincial, Castellón se suma al acelerado aumento autonómico de la potencia autorizada para nuevas instalaciones, favorecido principalmente por la entrada de los fondos privados y la apuesta por el despliegue renovable. La planta Doha Jerez Onda 1 deberá ahora superar la fase de alegaciones, así como la validación técnica y ambiental antes de obtener la autorización definitiva. A tal efecto, si el calendario administrativo avanza a tenor de los tiempos habituales en este tipo de procedimientos, Onda sumará la construcción de un nuevo enclave fotovoltaico a su esquema energético en los próximos meses. castellonPlaza
VALÈNCIA. Conforme avanza la investigación en la causa penal de la Dana, la jueza va estrechando el cerco del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La magistrada sigue recabando información aprovechando la postura de la Audiencia Provincial, que le dio cierta manga ancha para abrir vías de investigación que puedan resultar en indicios contra el todavía jefe del Consell . De manera que el camino emprendido por la magistrada ya no supone un rodeo a la figura de Mazón sino que incluye pesquisas dirigidas directamente a examinar su actuación aquel fatídico 29 de octubre.
La última y más clara evidencia ha sido la decisión de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, de requerir a la administración autonómicas las imágenes de la llegada de Mazón al centro de coordinación de emergencias la tarde de la Dana, que se produjo a las 20.28h según el relato y la captura de las cámaras de seguridad divulgados por Presidencia de la Generalitat.
La magistrada, que ha acordado el requirimiento motu proprio, cree que esta diligencia es "relevante" a la hora de analizar "el proceso de decisión" sobre el envío de la alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert, que se envió a las 20.11h, y cuya adopción correspondía a la directora del plan de emergencias, la entonces consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, investigada en la causa.
Ciertamente, por el momento no hay ningún indicio sólido evidente de que Mazón interviniera en ese proceso de decisión. La propia Pradas negó rotundamente que el president retrasara el envío de la alerta aunque declaró que sí le mantuvo al corriente de lo que pasaba en el Cecopi, también sobre el ES Alert. Sobre esto, la exconsellera le habría notificado a las 19.43h tras dos intentos previos de localizar al jefe del Consell sin éxito.
Foto: GENERALITAT VALENCIANA
Es por ello que la investigación centrada en el president ha generado no poca sorpresa entre las numerosas acusaciones personadas en la causa penal, sobre todo porque el todavía jefe del Ejecutivo valenciano está aforado por su condición de diputado, que no piensa abandonar, por lo que sólo el TSJ puede citarlo como investigado. Consciente de ello, la magistrada le ha propuesto que acuda a declarar voluntariamente pero éste se ha negado en varias ocasiones.
Un punto de inflexión
Hasta no hace mucho, la instructora había ido con pies de plomo a la hora de abrir vías de investigación que pudieran afectar al president, aunque fuera de rebote. Pero un auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, emitido el 24 de octubre, supuso un punto de inflexión en la instrucción, porque aunque asumía que las pesquisas no pueden "ir dirigidas directamente a investigar la conducta del president", le daba margen de maniobra al sostener que "no deberán dejar de practicarse por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado".
Con ello, se abrió la veda no solo para citar como testigo a la periodista que comió con Mazón aquel día, Maribel Vilaplana, de cuyo hilo sigue tirando la magistrada en cuanto a la hora de despedida, sino también al 'núcleo duro' de Mazón e incluso al dueño del restaurante donde se produjo la comida, El Ventorro. Este mismo viernes, de hecho, acuden a declarar como testigos al juzgado de Catarroja tanto el hostelero como el candidato a suceder a Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Todas estas citaciones estaban justificadas en las llamadas que tanto Pérez Llorca como el resto de altos cargos o Mazón tuvieron con la entonces responsable de las emergencias, la exconsellera Pradas, y podían entenderse como un cerco indirecto al president. Pero el requerimiento de las imágenes sobre su llegada va un paso más allá porque, a priori, no aporta más información sobre el proceso de decisión del ES Alert.
Es aquí donde la magistrada hace valer uno de los argumentos que le puso en bandeja de plata la Audiencia Provincial. Y es que, aunque la directora del plan de emergencias fuera la consellera, Mazón, "por su condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación y puede impartir instrucciones a los miembros del Consell". En román paladín, el president pudo dar órdenes.
Ruiz Tobarra ha hecho uso de este sostén jurídico, el papel de coordinación dentro del Consell que juega el president, para justificar la incorporación de las comparecencias de Mazón tanto en el Congreso de los Diputados como en Les Corts Valencianes. Y ahora, para recabar las imágenes de su llegada al Cecopi, ha hecho lo mismo. La jueza señala, además, que esas funciones "directivas y de coordinación" no se pueden "limitar" a su actuación presencial sino que han de extenderse a los contactos telefónicos: "Lo que el President de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia de Interior y Justicia, bien comentarios que el President pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones". castellonPlaza
