La empresa gestora del hospital público de Torrejón ordenó reutilizar material sanitario de un solo uso
Una de las instrucciones para aumentar beneficios en este centro público de gestión privada consistía en esterilizar catéteres, hasta un máximo de diez veces, a pesar de que solo pueden ser reacondicionados por empresas especializadas
Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz gestionado por el grupo sanitario Ribera, este jueves. EFE/ Rodrigo Jiménez
El plan para aumentar beneficios del gigante de la sanidad privada Ribera Salud, que gestiona el hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz (Madrid), y que incluía rechazar pacientes, también contenía órdenes para reutilizar productos sanitarios de un solo uso. Según pública este viernes El País, esta fue una de las denuncias que hicieron en el canal ético interno los cuatro directivos que fueron despidos: “Esta acción no es legal, por ficha técnica ese material no se puede reesterilizar”. La empresa gestora niega esta práctica.
En concreto, los tres miembros de la dirección asistencial del grupo y la gerente del Hospital de Torrejón alertaron de la “vulneración de los derechos de los pacientes” y la “mala praxis asistencial” que supondría la orden del CEO, Pablo Gallart, de rechazar pacientes y alargar las listas de espera. Además, denunciaron la orden de reutilizar material de un solo uso. Por ejemplo, catéteres que, según recoge El País, se utilizan en procedimientos de electrofisiología y son una herramienta fundamental en cardiología intervencionista para el diagnóstico y tratamiento de las arritmias.
Se trata de un dispositivo con tubos muy finos, flexibles y con electrodos en la punta que se introduce por una vena o una arteria hasta el corazón para estudiar su actividad eléctrica desde dentro. Estos catéteres pueden llegar a costar más de 2.000 euros.
En Europa, estos productos tienen un marcado CE de un solo uso. No obstante, se pueden volver a usar en hospitales siempre y cuando el reprocesamiento (que incluye limpieza, desinfección y todas las fases para su reutilización) lo lleve a cabo un fabricante reprocesador (y en la UE solo hay uno y está en Alemania) que cumpla todos los requisitos que establecen el reglamento 2017/745 del Real Decreto 192/2023.
Sin embargo, según El País, el personal del hospital de Torrejón recibió instrucciones de esterilizarlas después de su uso hasta un máximo de diez veces, siempre que estuviesen en buen estado. Estas órdenes se produjeron después de una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el pasado 25 de septiembre. En ella, el consejero delegado explicó que la empresa debe “hacer iteraciones” para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”, argumentando que la elasticidad entre listas de espera y cuentas de resultados es “directa”.
Además, según recoge un manifiesto interno elaborado por trabajadores del hospital y al que ha tenido acceso elDiario.es, la situación en el centro hace años que es insostenible. La gestión por parte de Ribera Salud ha degradado la atención hasta el punto de seleccionar pacientes “por motivos de rentabilidad empresarial”, con presiones incluidas a los médicos para priorizar a unos u otros enfermos. La dirección ha impuesto un modelo que ha reducido prestaciones con el único objetivo de “abaratar costes”.
El texto hace una radiografía detallada del estado del hospital de Torrejón y alerta de la degradación del servicio, de la pérdida de profesionales de primer nivel y de la implantación de un modelo que pone los resultados empresariales por encima de los pacientes. El documento, elaborado por un grupo de trabajadores y al que se adhirieron más de 250 profesionales, propone una serie de soluciones para recuperar la calidad asistencial y señalan como responsables de la situación actual a algunos de los directivos ahora despedidos por supuestamente denunciar las malas prácticas.
elDiario.es ya desveló algunas de esas prácticas hace unos meses que incluía presionar a personal para operar pacientes de otros centros públicos y cobrar más. Las presiones que denuncia el informe interno se concretaban en mensajes a los responsables de quirófano: “Tendríamos que programar la próxima semana una CCI no cápita”.
El caso ha reavivado las críticas al modelo de concesión sanitaria que Ribera impulsó con el llamado modelo Alzira. Aunque la Comunidad de Madrid inyectó recientemente fondos adicionales –32,7 millones para reestructurar la deuda del hospital–, Gallart sostiene que la financiación continúa siendo insuficiente. Desde la Administración regional, han defendido públicamente que el Hospital de Torrejón presenta un funcionamiento “sólido” y orientado a la “mejora continua”.
El modelo sanitario de Madrid, impuesto por Esperanza Aguirre, permite que los pacientes elijan el hospital que quieran entre todos los de la Comunidad de Madrid. Eso, unido a un proceso de privatización de la sanidad que otorga la gestión de hospitales públicos a empresas privadas, ha fomentado que algunos centros traten de competir entre ellos para lograr el máximo número de pacientes posible, porque eso implica más ingresos cuando esos enfermos son rentables, es decir, implican poco gasto médico.
Tras las informaciones de estos días, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que abre una investigación para determinar lo ocurrido. Además, la Consejería de Sanidad convocó de urgencia el miércoles a la cúpula directiva del hospital de Torrejón y mandaron un equipo en las instalaciones para constatar “como presta servicio”. Pocas horas después de publicarse las primeras informaciones, Pablo Gallart solicitó a Ribera Salud desvincularse de la gestión del centro público.
Un abogado también ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Madrid la primera denuncia para que se investiguen estas presuntas irregularidades en la gestión de este hospital de Torrejón, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid. El letrado Javier Flores ve prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos.
elDiario.es
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