Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda primero con José María Aznar y, más tarde, con Mariano Rajoy. Según la investigación judicial en curso, habría sido durante esta segunda etapa cuando el despacho de abogados y consultoría que él mismo fundó recibió pagos de diversas empresas para gestionar presuntos favores administrativos: una suerte de "BOE a la carta", pero de pago.
Pese a que Montoro siempre lo ha negado, la Fiscalía Anticorrupción mantiene dudas sobre su desvinculación real de Equipo Económico, la consultora creada por él en 2006 y que, de acuerdo con la investigación, podría haberse beneficiado de su relación con el entonces ministro para ofrecer a determinados clientes cambios legislativos a medida.
Entre los clientes de la firma fundada originalmente por el exministro del PP figuran empresas eléctricas, casas de apuestas, la CEOE, la Xunta de Galicia e incluso la Comunidad de Madrid. No obstante, la investigación se centra especialmente en los cerca de 800.000 euros que cinco compañías del sector gasista habrían pagado al despacho. Según los indicios recogidos, estas empresas asumían que, si querían leyes más favorables a sus intereses, debían pasar por la caja de Equipo Económico.
Así se desprende tanto de una denuncia anónima como del correo electrónico que originó el caso, localizado por los Mossos d’Esquadra en 2017 durante un registro a una de esas compañías. En él se afirmaba: "La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".
En la actualidad, la consultora está en manos de Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos con el PP y hermano del que fuera jefe de gabinete de Montoro. Él mismo defendió públicamente: "En Equipo Económico somos muy conscientes de estas demandas. Las empresas piden menos regulación".
El juez instructor investiga ahora si alguna de esas compañías, además de expresar tales demandas, pagó presuntamente para obtener beneficios regulatorios.
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