La secretaria de Igualdad, Paloma Pascual, reivindica que “el 25N no puede ser solo una fecha en el calendario porque la violencia machista no entiende de días”
Plaza Publicado: 23/11/2025 ·18:15
CASTELLÓ. El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha aprobado por unanimidad una resolución con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la que reafirma su compromiso diario con la igualdad y propone que “cada 25 de mes sea un 25N simbólico que mantenga viva la lucha contra la barbarie”. La iniciativa se trasladará a los ayuntamientos en forma de moción para que los consistorios puedan sumarse y mantener la concienciación activa todo el año.
La secretaria de Igualdad del PSPV-PSOE de Castelló, Paloma Pascual, ha subrayado que “el 25N no puede ser solo una fecha en el calendario porque la violencia machista no entiende de días ni tampoco podemos detener la lucha contra ella”.
Pascual ha recordado que desde 2003 1.288 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género y que, solo en 2024, 43 mujeres perdieron la vida y más de 34.000 requirieron protección. “Solo en la Comunitat Valenciana, las denuncias han aumentado un 6,4% en el primer trimestre de 2025, y la provincia de Castelló registró 755 casos”, ha destacado la dirigente socialista, quien ha remarcado que “detrás de estas cifras hay vidas rotas, familias destrozadas y personas que sufren en silencio”.
La resolución aprobada por el Comité Provincial establece cinco acuerdos que definen la hoja de ruta del partido para los próximos meses: conmemorar cada 25 de mes como un “25N simbólico”, reforzar la formación en igualdad para cargos públicos y militancia, incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todas las políticas, crear un calendario provincial de actividades de igualdad y prevención, e impulsar acciones de sensibilización y colaboración con asociaciones, centros educativos y servicios sociales.
“Cada cargo, cada agrupación y cada militante socialista debe sentir que defender a las mujeres es una tarea de todos los días”, ha concluido Pascual.
En más de dos décadas sólo se ha ejecutado el 50% del desarrollo previsto y el sector valenciano reivindica la eliminación de las zonas decretadas en 2001, salpicadas por el caso Erial
Elisabeth Rodríguez Publicado: 24/11/2025 ·06:00 Actualizado: 24/11/2025 · 06:17
VALÈNCIA. Tras veinticinco años de cortapisas y lastres, el desarrollo de la energía eólica en la Comunitat Valenciana parece atisbar el cambio que tanto ansía el sector de las renovables valencianas. Al menos en lo que a normativa se refiere, puesto que el Consell ultima el nuevo plan eólico que modificará el decretado por el gobierno de Eduardo Zaplana en 2001, investigado en el caso Erial, y cuya ejecución desde entonces apenas alcanza el 50%.
Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a ValenciaPlaza al asegurar que el Plan Eólico "está bastante avanzado", a falta de revisión y cerrar algunos flecos jurídicos. Según indican desde la cartera que dirige Marian Cano, esta normativa es uno de los ejes de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana.
En 2024 el Consell manifestó su intención de revisar el denominado Plan Eólico tras la reivindicacion reiterada del sector, que critica especialmente la zonificación en la que se distribuyen los permisos para la instalación de aerogeneradores, lo que también conllevó problemas jurídicos con los promotores que desarrollaron o trataron de desarrollar algunos parques. Además, los procesos de adjudicación del Plan Eólico son objeto de investigación en el caso Eorial por amaño de adjudicaciones y cobro de sobornos de empresarios.
En este nuevo plan, la intención es contar con aerogeneradores de menor impacto pero más eficientes, tal y como como lleva tiempo pidiendo la normativa europea. Cabe recordar que la Generalitat tiene como objetivo alcanzar los 4.000 megavatios (MW) en 2030 y que actualmente hay instalados 1.243 MW, por lo que todavía queda pendiente más de la mitad por desarrollar en los próximos cinco años.
La patronal de las renovables valencianas, Avaesen, asegura que se encuentran en un grupo de trabajo abierto con técnicos y cargos de la conselleria y orevén que no se tardará en cerrar este nuevo plan. El sector ha trasladado a la mesa la petición de eliminar las zonas de desarrollo tal y como están configuradas, para que pase a funcionar como el desarollo de plantas fotovoltaicas, donde los promotores solicitan el permiso para instalarse en la zona más idónea.
"Reivindicamos un modelo similar al del desarrollo de la fotovoltaica, donde se puedan realizar proyectos fuera de las antiguas zonas eólicas, y que cada proyecto tenga su análisis ambiental específico. Es lo coherente con las normativas que emanan de Europa y con la situación actual de la tecnología, que permite la viabilidad de proyectos donde hace 25 años no era posible", especifican a este diario.
Imagen de un parque eólico. -
Otras de las reivindicaciones es moderinzar el sistema de desarrollo. "El plan eólico de la Comunitat Valenciana tiene casi 25 años y tanto la tecnología como las normativas europeas. El plan eólico debe superarse por una estructura más moderna", agregan. "Solicitamos también un marco específico para la repotenciación de proyectos. Esto es importante, porque muchos parques eólicos están a final de su vida útil y además están saliendo ayudas para esto en el PRTR, y es importante que las aprovechemos como Comunitat, destacan.
Los seis frentes del Plan Eólico
Las costuras legales del modelo del Plan Eólico —desde su diseño técnico hasta sus adjudicaciones— se han manifestado en seis ejes principalmente durante las últimas dos décadas. Estas son las que más controversia han generado.
1. La fragmentación de parques
Uno de los puntos más sensibles del plan fue la división de grandes instalaciones en subconjuntos inferiores a 50 MW. Sobre el papel, se trataba de ordenar territorialmente la potencia; en la práctica, los tribunales dedujeron que esa estrategia permitía mantener la autorización en manos de la Generalitat y sortear la competencia estatal. Varias resoluciones del TSJ valenciano señalaron que algunos de esos subconjuntos constituían, en realidad, un único parque, anulando autorizaciones clave y sembrando dudas sobre la arquitectura jurídica del plan.
2. Los conflictos de interés en los estudios ambientales
La credibilidad institucional también se vio afectada por las denuncias de conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de estudios ambientales. El caso más sonado señaló al entonces director general de Energía por contratar a una empresa vinculada a un familiar directo. Aunque la investigación penal no derivó en condenas, el episodio alimentó la percepción de opacidad y añadió presión sobre un plan ya cuestionado por su diseño administrativo.
3. Choque con la normativa ambiental europea
La estructura original del plan tampoco encajó con las exigencias comunitarias. Varias ONG ecologistas elevaron denuncias a Bruselas alertando de posibles vulneraciones de la Directiva de Hábitats, la de Aves y la normativa europea de Evaluación de Impacto Ambiental. Los proyectos previstos en áreas protegidas —LIC, ZEPA o entornos de especial relevancia ecológica— colocaron al plan bajo el escrutinio europeo y activaron advertencias sobre la insuficiente integración del principio de precaución.
4. Evaluaciones ambientales cuestionadas
El procedimiento de evaluación ambiental fue otro de los puntos negros del plan. La utilización de "declaraciones complementarias" para modificar proyectos sin una nueva evaluación completa y la aprobación de algunas tramitaciones fuera de plazo abonaron la idea de que la administración actuó con una laxitud incompatible con la magnitud del despliegue previsto. El TSJ valenciano acabó por tumbar parte de esas actuaciones, reforzando la tesis de que el proceso nació con carencias estructurales.
5. Impactos sobre territorio y patrimonio
Más allá del plano jurídico, la oposición local encontró en la protección del territorio un argumento sólido. Colectivos y ayuntamientos afectados documentaron afecciones a zonas forestales, corredores faunísticos, elementos de piedra en seco y enclaves arqueológicos. Aunque muchas de estas denuncias no llegaron a los tribunales, sí alimentaron recursos, alegaciones y paralizaciones que complicaron aún más la ejecución del plan.
6. Caducidades y revocaciones que reabren el debate
Veinte años después, las consecuencias siguen aflorando. La Generalitat ha declarado en los últimos meses la caducidad de documentos ambientales de varios proyectos por irregularidades detectadas en la tramitación original. Estas decisiones no solo frenan parques previstos, sino que reabren el debate sobre la vigencia del modelo y refuerzan la necesidad —asumida ya por el Consell— de elaborar un nuevo marco regulatorio que cierre la etapa de incertidumbre jurídica y reubique la planificación eólica en parámetros actuales.
HI HAN MÉS JUDICIS EN LES QUE NO ES FA CAS ALS TESTIMONIS: L´ABSOLUCIÓ DELS TRAJES DE CAMPS, PER EXEMPLE
21 de gener del 2012, recordem-ho
"La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes".
"El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel."
"Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".
El sastre, la cajera y los cabecillas de Gürtel, los testigos clave en el 'caso de los trajes'
El sastre Jose Tomás, durante el juicio por el 'caso de los trajes' contra Ricardo Costa y Francisco Camps.Kai Försterling / EFE
De los noventa testigos que han declarado en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa, algunos han destacado por la relevancia de sus testimonios.
La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes.
El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel.
Los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, la cajera de la tienda madrileña Forever Young o el sastre José Tomás se han convertido en algunos de los testigos más importantes del juicio por el llamado 'caso de los trajes' contra Francisco Camps y Ricardo Costa.
Cerca de noventa personas han explicado al tribunal popular del juicio de los trajes su versión acerca de los regalos que supuestamente entregó la trama Gürtel al expresident de la Generalitat y al exsecretario general del PPCV durante los 26 días que ha durado el juicio.
Sus declaraciones, en algunos casos, como el de José Tomás y el del propietario de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, se llegaron a prolongar hasta siete horas por las preguntas de las fiscales y los abogados, muchas de las cuales no obtuvieron respuesta.
La primera persona que declaró como testigo fue la exadministradora de varias empresas del grupo Correa, Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".
Jordán, bajo protección policial tras las denuncias que interpuso contra Francisco Correa y Pablo Crespo, aseguró ante el juez que en realidad no sabía si eso era cierto yachacó la afirmación a los nervios y la presión.
Correa sucedió a Jordán en la sala pero decidió guardar silencio, una opción que aceptó el magistrado al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid con los que podría existir relación.
El supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, aconsejado por el mismo abogado que Correa, también prefirió no prestar declaración, pero cambió de idea durante el interrogatorio del abogado defensor de Camps y aseguró que ninguna de las empresas que dirigía pagó prendas de vestir ni a Camps ni a Costa.
A Álvaro Pérez, 'El bigotes', le llegó el turno de declarar como supuesto responsable de la filial valenciana de Gürtel días después, y aunque también se negó a declarar, no desaprovechó la oportunidad de realizar una única afirmación para negar haber regalado trajes a los imputados en la causa.
Los tres cabecillas comenzaron a ser investigados a raíz de una denuncia del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que también prestó declaración y aseguró que Correa le había hablado del sastre que hacía "todas las cosas para Camps y Costa", aunque añadió que no podía saber si sus empresas regalaron trajes a políticos valencianos.
Facturas modificadas, escoltas que prestan dinero...
Otro de los testigos más esperados fue José Tomás, quien aparte de insistir en que no era sastre declaró durante cerca de siete horas, afirmando que Camps no pagó ninguna de las prendas de vestir adquiridas en las tiendas en las que trabajaba y que todo se computaba en una cuenta que abonaba Pablo Crespo.
Las declaraciones de los testigos también incluyeron la comparecencia del exvicepresidente del Consell Víctor Campos, que junto al exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, que se negó a declarar en el juicio, aceptó en septiembre el pago de una multa de 9.600 euros por aceptar regalos de la trama.
Sin embargo, en el juicio Camps se declaró inocente y aseguró que había firmado la conformidad "a efectos formales" para acabar "con un drama personal", algo que según dijo también iba a hacer Camps el mismo día que dimitió como president porque así habían "quedado los cuatro".
También destacó la declaración de una excajera de Forever Young, María Calero, quien afirmó que ninguno de los acusados le pagó nunca en efectivo en sus visitas a la tienda y relató que la primera vez que vio a Camps, éste se acercó hasta la caja para darle la mano y no para abonar el traje que se estaba llevando.
Al día siguiente, el que fue su jefe y propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, mostró su versión de los hechos, que consiste en que Tomás facilitó a modo de regalo facturas falsas a Pérez y Crespo "para que se desgravaran" esos importes.
Además, negó la declaración del informático Francisco Ferre, que había admitido horas antes que, a petición de los responsables de Forever Young, modificó tres registros de venta sustituyendo el nombre "Camps" por la inscripción "Alv Pérez", que según afirmó correspondía al nombre del responsable de Orange Market.
Una de las últimas declaraciones destacadas fue la del exescolta de Camps, un policía nacional que afirmó haber prestado cerca de 200 euros al expresident para pagar en Forever Young, versión que corroboró el conductor oficial que también les acompañaba en ese momento.
La vicepresidenta del Consell y Consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero Benítez comparece en la comisión de de investigación por la gestión de dana el 29 de octubre de 2024 en el Congreso de los Diputados.
Carlos Mazón, en la comisión de la Dana del Congreso
Foto: EP/EDUARDO PARRA
Pablo Plaza Publicado: 23/11/2025 ·06:00
VALÈNCIA. Ha tenido que pasar más de un año desde aquel fatídico 29 de octubre para conocer mejor cómo se desarrolló la comida entre el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de la Dana. El encuentro, que Presidencia trató de ocultar inicialmente, salió a la luz pero sin aclarar los horarios del president aquella tarde en la que, mientras eso sucedía, decenas de personas se ahogaban en la provincia de Valencia y el Cecopi, reunido en el centro de coordinación de l'Eliana a partir de las 17h, estudiaba qué medidas adoptar hasta el envío tardío de la alerta masiva.
Los testimonios de aquella tarde, prestados por los protagonistas del encuentro -Mazón y Vilaplana- pero también por el dueño del restaurante, permiten reconstrurir muchos de los detalles de la comida de manera más o menos fiel pues todos ellos han prestado declaración con obligación de decir verdad: el president, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, y la comunicadora y el hostelero, en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, encargado de la investigación sobre la gestión de la catástrofe.
El último en hacerlo fue el propietario de El Ventorro, que acudió este viernes citado como testigo a los juzgados de Catarroja. Según su relato, fue una mujer de la Generalitat Valenciana la que llamó dos o tres días antes para hacer la reserva. El 14 de octubre, Mazón había coincidido con la comunicadora en una gala, según el relato de esta, y le dijo que tenía que hablar con ella para tener "algún tipo de colaboración". Ante la voluntad de Vilaplana de que no "fuera nada oficial" porque ella, especializada en asesoramiento de comunicación de empresas, no quiere trabajar para la política, el president le invitó a comer en un restaurante.
El primero que llegó al restaurante fue Mazón, entre las 14.15h y las 14.30h, solo y sin escolta, y le sirvieron agua y unas olivas, explicó el restaurador, si bien el jefe del Consell dijo que había ido con escolta, por lo que pudo dejarlo fuera. Más tarde, sobre las 14.50h o las 15h, entró Vilaplana y se le acompañó hasta el reservado, ubicado en la primera planta del establecimiento, y sin televisión pero con cobertura para la mayoría de compañías telefónicas, lo cual casa con el relato de la periodista.
La periodista Maribel Vilaplana en su llegada al juzgado. Foto: KIKE TABERNER
En algún momento tras empezar la comida, Vilaplana declaró que a Mazón le subieron unos documentos para que los firmara. Algo que confirma el dueño de El Ventorro, según el cual "llamaron de la Generalitat" y "vino un señor" con "un sobre" para que el president estampara su firma. El restaurador señala que se apartó e incluso salió de la sala en ese momento -"no me gusta estar en esas cosas", dijo-. Eran, tal como se supo después confirmado por Presidencia, un listado de nombres para unas becas de deportistas de élite, que necesitaba ser publicada para que los beneficiarios pudiesen solicitar exenciones educativas, cuyo plazo vencía.
Según el hostelero, la comida fue "normal de tiempo" y "no hubo nada extraño" en el pedido. Vilaplana declaró que bebieron agua y vino, algo que refrendó el president en su declaración en el Congreso de los Diputados. Uno de los asuntos tratados en la comida giró en torno a la televisión pública, À Punt. Mazón le preguntó si se había "planteado ir a la tele", a lo que ella dijo que no quería volver a la televisión y que "ni siquiera tenía un buen recuerdo" tras el cierre de Canal 9, que fue para ella "un drama". Así pues, el president le aclaró que la oferta no era como periodista, sino que le estaba planteando acceder a "un cargo".
"Él me decía que era una profesional que podía ser buena candidata", relató Vilaplana, según la cual se negó en rotundo porque dijo estar "muy a gusto" en su actual trabajo además del hecho de que no sabe dirigir. Fue entonces cuando Mazón le pidió consejos sobre el rumbo de À Punt. "Recuerdo que hablamos del cambio de nombre, de recuperar presentadores antiguos y de la lengua", explicó, y la periodista confesó que le "enervaba que no se utilizara más la lengua". Mazón, aunque dijo hacer algunos discursos en valenciano, aseguró encontrarse "más cómodo" haciéndolos en castellano y ella le ofreció un asesoramiento "de manera extraoficial", aunque se negó a trabajar para altos cargos porque "no quería trabajar para la política". "Era darse un tiro en el pie", aclaró.
Vilaplana aseguró que la comida transcurrió dentro de la normalidad y que el president en ningún momento le transmitió intranquilidad. "Ni oigo palabras como Dana, Cecopi o lluvias", dijo ante la magistrada, a la que negó que Mazón estuviera incomunicado pero no recordaba que sonara su teléfono: "Él se giraba y escribía y me miraba, yo no recuerdo que el teléfono sonara", fueron sus palabras. Contactos telefónicos tuvo el president, eso sí, y se fueron acrecentando conforme pasaba el tiempo, según el testimonio de la periodista.
Ella insistió en que el jefe del Consell nunca le habló del contenido de esas llamadas: "No oigo nada y el tampoco me transmite nada". Maribel cuenta que, para llamar, Mazón se levantaba y se apartaba dentro del mismo reservado. El restaurador, por su parte, declaró que entró unas 7 u 8 veces al reservado pero "nunca" vio de pie a Mazón, "siempre" estaba sentado, y no le vio hablar por teléfono en ningún momento. Aunque ciertamente explicó que su última entrada al reservado se produjo sobr las 17h de la tarde, momento a partir del cual, explicó Vilaplana, se aceleraron las llamadas.
La comunicadora recibió sobre las 17.30h un vídeo de Utiel inundado a través de un chat familiar. Se trataba de un link de Twitter que pasó su exmarido y que según ella, no abrió, aunque respondió con un emoticono de sorpresa. "Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... 'ostras'", señaló a la jueza, e indicó que miró el mensaje familiar en una de las ocasiones en las que Mazón se había levantado de la mesa, pero que no le dijo nada sobre él.
En cuanto a la salida del restaurante, la periodista dijo que sería sobre las 18.30h de la tarde y el propietario de El Ventorro, confirmó que "se fueron entre las 18.30h y las 19h aproximadamente", negando que se fueran más allá de esa hora, dijo que "nunca" vio "preocupado" al jefe del Consell. El resataurador no ha podido concretar más la hora de salida, tampoco aportando el tique de la comida porque, dijo, él emite facturas, por lo que "no se puede saber" la hora concreta. De hecho, hizo la factura al día siguiente, según su relato, y atendiendo las indicaciones que le hicieron desde Presidencia, la envió al Partido Popular. Para cuando se fueron, explicó el hostelero, ya "no quedaban clientes". Vilaplana confirmó que se dirigieron al parking, que se encuentra en las proximidades del establecimiento.
Salomé Pradas y Carlos Mazón, a la salida de un Cecopi -
Foto: EFE/Kai Försterling
En el trayecto, como ella trabaja para el Levante, le pidió que fuera a ver un partido de fútbol, un derbi contra el Elche, y le pidió que se comprometiera a asistir. El paseo discurrió "con normalidad" y sin prisa, en palabras de la comunicadora. Una vez allí, la periodista tuvo que ir a su coche a recoger el ticket y luego fue al cajero a pagar, por lo que tardaría unos cinco minutos, dijo, aunque aseguró que no podía entregar el ticket porque no lo tenía pero la jueza lo pedirá a la empresa que gestiona el aparcamiento.
La jueza ahora indaga la hora concreta en la que abandonó las instalaciones y ha requerido a Vilaplana los datos bancarios para verificar cuál de todos los pagos que registró la concesionaria del aparcamiento corresponde al vehículo de la periodista, dado que el parking no guarda datos de matrículas más allá de un año.
A las 19.10h y a las 19.36h figuran dos llamadas de Pradas a Mazón que éste no atendió. Mazón explicó sobre la primera que no la oyó porque iría andando y tendría el móvil "en la mochila". En cuanto a la segunda, dijo que debía de estar hablando con otra persona, por lo que "era difícil" que la cogiera. "No atender a una llamada de 20 y tantas que hice no significa estar incomunicado, como se ha dicho. No significa apagar el teléfono", insistió. A las 19.43h, llamó a la consellera y esta sería la llamada donde ella le informaría de que se iba a enviar la alerta masiva a la población. En estos momentos, se desconoce dónde estaba el president, según el cual estaría en el Palau de la Generalitat, aunque se negó a entrar "en el minutaje".
El suéter, el ordenador y el reservado
La declaración del propietario del restaurante El Ventorro ha introducido también nuevas dudas sobre cómo transcurrió realmente aquel encuentro. Las versiones sobre el espacio del reservado, la disposición de la mesa, la presencia de un ordenador o incluso la vestimenta del jefe del Consell difieren entre los testimonios recogidos en la causa.
Según explicó el dueño del local, el reservado es una estancia de dimensiones similares a un estrado judicial y cuenta con una mesa redonda para cuatro o cinco personas. Este detalle ha generado interrogantes entre las partes, al cuestionar la posibilidad de mantener conversaciones privadas sin que el otro comensal pudiera escucharlas. Vilaplana, en su declaración, sostuvo que el president “se levantaba y se distanciaba” y que no alcanzaba a oír sus conversaciones. Varias acusaciones han solicitado a la jueza una fotografía del espacio para clarificar la escena.
También ha suscitado dudas la supuesta presencia de un ordenador portátil. Vilaplana afirmó que, en los momentos en que Mazón se ausentaba durante un tiempo prolongado, aprovechó para preparar clases en su ordenador. Sin embargo, el propietario aseguró que no vio ningún dispositivo sobre la mesa ni al president levantado o hablando por teléfono durante las “siete u ocho veces” que entró a servirles.
Las discrepancias alcanzan incluso a la indumentaria. La periodista relató que Mazón se quitó la americana y se puso un jersey durante la comida, sin concretar si era el mismo que después llevó al Cecopi. Y el president, en el Congreso, admitió haberse puesto el jersey durante la comida. "No me cambié de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. En invierno si tengo frío me pongo un jersey, suelo llevarlo", dijo el president en funciones. Pero el hostelero, en cambio, aseguró que el jefe del Consell vestía una chaqueta oscura, sin corbata, y que salió del local con la misma prenda, sin haberle visto ningún jersey ni cambio de ropa. ¿Dónde se cambió el president la ropa, pantalón incluido, con la que acudió más tarde al Cecopi? castellonPlaza
La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La asociación Defiéndete en Derecho presentó hace meses un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial, suscrito por 10.500 personas de todos los sectores de la sociedad civil española, solicitando el no procesamiento del Fiscal General del Estado, sin haber recibido respuesta alguna a dicho escrito.
Decíamos en nuestro escrito que: “Observamos una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la Administración de Justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político. Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del Parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública.” Decíamos asimismo que nuestra Asociación no alcanzaba a comprender “cómo un secreto revelado por un obligado tributario, que mantiene un conflicto con la Administración de Hacienda y la de Justicia, y sobre el que es el primero en comunicar públicamente una supuesta negociación con la Fiscalía competente por la imputación de un delito fiscal, se transforma en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación.”
Hemos asistido después a un juicio mediático cuyo desenlace ha sido hecho público en una fecha cargada de simbolismo en la historia de nuestro país, simbolismo perfectamente conocido por los magistrados del Alto Tribunal (lo contrario sería suponer una impericia injustificable), habiéndose publicitado la sentencia con una inusitada celeridad —en lo que no es la práctica jurídica habitual de ese Tribunal— y sin estar redactado el contenido de la misma; anomalías todas ellas haciendo difícil de comprender en fecha tan señalada.
Cabe recordar y reiterar que, ante la denuncia espuria de un sindicato de ultraderecha, unos funcionarios de la Administración Pública y miembros del Tribunal Supremo se han mostrado alineados con los intereses políticos conservadores tras una deliberación que apenas ha durado siete días, para un asunto que ha sido calificado por todos los operadores como de una trascendencia de especial gravedad. Y, sustituyendo a la ponente prevista para la redacción de la sentencia, muestran una suerte de celebración del 50 aniversario de la muerte de un dictador.
Creemos que esta situación genera un enorme descrédito para la administración funcionarial de la Justicia. Y, por todo ello, somos conscientes de la necesidad de reaccionar ante situaciones sobrevenidas que no debemos democráticamente consentir.
El 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó en 1948 y que se vulnera tanto a escala mundial como, en este caso y otros, en España. ¿Dónde queda el “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo) y el artículo de esa declaración universal que protege la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la libertad de prensa, cuando se obvia paladinamente la declaración de periodistas sujetos a la obligación de no revelar sus fuentes de información?
Creemos respetuosamente que esos preceptos se han vulnerado y nos parece prudente exigir (también con el mayor respeto a la independencia del Poder Judicial) la inmediata dimisión de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno. Precisamente para que el Poder Judicial sea eso: independiente.
Opinamos que es preceptivo, si es que la soberanía reside en el pueblo, como dicta nuestra Constitución, norma de obligado cumplimiento para todos y, especialmente, para quienes, como son los jueces, deben hacerla cumplir.
En consecuencia, llamamos a toda la ciudadanía que esté de acuerdo con nuestra proposición para que firme el apoyo público a este escrito, a fin de remitírselo al Defensor del Pueblo y al Consejo del Poder Judicial, por considerar que es presumible la vulneración de derechos constitucionales que habrán de dirimirse una vez conocida la sentencia y los votos particulares de la Sala.
La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La Asociación Defiéndete en Derecho ha sido constituida por decenas de personas procedentes de diferentes sectores de la sociedad civil, preocupadas por la deriva prolongada de la Justicia que afecta a la confianza y credibilidad de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.
Observamos una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la administración de justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político. Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública.
Todo eso puede conducir a situaciones en las que cualquiera se puede llegar a ver, no solo concernido, sino implicado. Por lo que nos parece necesario participar en la defensa cívica del Estado de Derecho y de sus garantías jurídicas constitucionales.
Fiel a estos principios, y sin entrar en ninguno de los aspectos jurídico-procesales que están incursos en el Tribunal Supremo, nuestra asociación no alcanza a comprender como un secreto revelado, en primer lugar, por un obligado tributario, pueda dar lugar a la investigación de una supuesta filtración de algo que, tras esa revelación del propio interesado, había dejado de ser secreto. Ese obligado tributario mantiene un conflicto con la Administración de Hacienda y la de Justicia, y es el primero en comunicar públicamente una supuesta negociación con la fiscalía competente ante la potencial imputación de un delito fiscal que reconoce haber cometido. Resulta difícil comprender que todo ello pueda transformarse en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación.
Menos podemos comprender aún el impacto mediático y político permanente de presiones para conseguir la dimisión del Fiscal General del Estado, transformando la mera defensa de la verdad, para proteger esa institución del estado de derecho, en un galimatías procesal impropio del principio esencial del derecho penal, que no puede ser otro que la búsqueda material de la verdad.
Y la verdad, como la justicia, no pueden ser objeto de oscuras manipulaciones mediáticas, políticas o procesales. Por la mera razón de que por ello, dejan de serlo como valores éticos, perdiendo completamente su noción esencial en la protección de los derechos constitucionales que emanan de la voluntad popular.
En consecuencia, la Asociación Defiéndete en Derecho quiere solidarizarse con el Fiscal General del Estado, Don Álvaro García Ortiz, deseándole perseverancia y continuidad en el desempeño de sus funciones. Por todo lo anterior, abre el correspondiente pliego de firmas a toda la ciudadanía que desee apoyar este escrito.
Madrid, 20 de febrero de 2025
(Asociación inscrita en el registro de asociaciones de ámbito nacional del Ministerio del Interior)
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