dimarts, 25 de novembre del 2025

LA FOTOVOLTAICA NO ÉS NEGOCI, ELS DE MÉS PER LA MAGDA ENS PORTAVEN AL DESASTRE

 

Expertos alertan en Valencia de que las plantas solares fotovoltaicas "están muertas"


El sector ve complicado que se ejecuten nuevas inversiones hasta dentro de tres años mínimo debido a la "sobregeneración" de energía, los bajos precios y la falta de almacenamiento


  • Proyecto piloto de parque solar de los regantes de Moncofa.

    Elisabeth Rodríguez Publicado: 25/11/2025 ·06:00

    VALÈNCIA. Sin paños calientes, varios expertos del sector energético afirman que la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana, así como en el resto de España, se encuentra en punto muerto debido a un estado de "sobregeneración". Esta conclusión fue una de las que se extrajeron de un debate orgaizado por el Colegio de Economistas de Valencia (COEV) la semana pasada, donde varias autoridades vinculadas a la actividad energética advirtieron de que dicha sobregenración y el bajo precio de las horas centrales del día están sentenciando el desarrollo y la rentabilidad de la fotovoltaica.

    Ander Muelas, presidente de Endurance Motive, llega a indicar que las plantas solares fotovoltaicas puras en España "están muertas". Por este motivo, abogan por la instalación de sistemas de almacenamiento que "compense" los excedentes de producción y llevarlo las "horas no solares". De hecho, se habla de desplazar unos 30GW a las horas no solares. Hasta que eso no suceda, según Muelas, no se podrá empezar a incorporar más fotovoltaicas. "Pero no será hasta dentro de tres o cuatro años", vaticinó.

    Además de Muelas, participaron Roberto Gómez, economista y profesor del Departamento de Empresa en la Universidad Europea de Valencia; Carlos Mínguez, socio en Andersen, experto en medioambiente, energía y regulación; y Christian Barba, director de Almacenamiento de Energía para Iberia y Europa en EDP Renewables.

    Una de las cuestiones que más ha preocupado y centrado la atención de los ponentes en la mesa de debate ha sido la situación de la industria fotovoltaica. En tres años se han instalado cerca de 25 Gigavatios (GW) de energía fotovoltaica, motivado por la rentabilidad que generaba esta inversión. Pero en este ejercicio ya se ha visto que en las horas centrales del día (entre las 12 y las 18 horas) el precio del spot de la electricidad en España es de cero euros en un número importante de horas.

    En este punto, el economista Roberto Gómez (COEV) apunta que el año pasado hubo 800 horas en España en el que el precio mercado spot de la electricidad fue de cero euros y 300 horas en las que el precio fue negativo. "Esto es una anomalía en un mercado porque nos sobra el servicio", agrega. 

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    Por este motivo, Muelas asegura que "la foltovoltaica pura está muerta" porque hay una "sobregeneración". Es “muy difícil que se metan inversiones en nuevos parques”, remarca. Para solventar este "serio problema", aboga por dotar al sistema energético de almacenamiento para poder llevar ese excedente de producción a horas no solares. 

    Roberto Gómez (COEV) apunta que exportar energía también podría ser una de las soluciones para este problema, lo que sucede es que España "es una isla energética, con pocas conexiones" y las conducciones con Francia "se saturan rápidamente".  Además de que el país galo "no está por la labor" de mejorar esa situación. 

    Para los economistas, España está en un momento clave para redefinir su modelo energético y su responsabilidad es analizar estos procesos "desde una perspectiva rigurosa, evaluando costes, beneficios, incentivos y riesgos" y "entender cómo se está abordando esta transformación en España, qué obstáculos persisten y qué oportunidades se abren para el futuro".

    Además, la promoción de las energías renovables, la electrificación de sectores productivos, la evolución de los precios de la energía, la descarbonización de la economía y las inversiones en infraestructuras críticas como la red eléctrica "son temas que no solo afectan al medio ambiente, sino que tienen profundas implicaciones económicas, sociales y territoriales". 

    Otra de las cuestiones abordadas en la mesa redonda ha sido la descarbonización y electrificación de la economía. En este punto, Christian Barba (EDP Renewables) señala que hay sectores que son muy difíciles de descarbonizar. "Pero otros sí y tienen la ventaja de que pueden bajar sus costes con la instalación de fotovoltaicas y de almacenamiento", agrega.

    Muelas destaca que hay empresas industriales que están desplazando la generación de energía "a las horas caras mediante la instalación de baterías". Aunque ha apuntado que en España esto no es algo común todavía. "Tenemos instalados solo 26 MW Megavatios (0,0026 GW) sobre 32 34 GW de potencia instalada de solar fotovoltaica", indica.

    En el turno de preguntas ha salido a la palestra el apagón del pasado 28 de abril y si se puede volver a producir. Al respecto, destacan que el sistema está ahora "“sobreprotegido" con una operación reforzada de ciclos combinados que están "a la espera para salir al auxilio en caso de necesidad". Y, aunque esa "sobreprotección es cara", al costar cerca de 800 millones, "es necesaria", según indican. 

    Mínguez subraya que el futuro de la energía renovable no depende de una única solución tecnológica: "vamos a un sistema en el que van a convivir diferentes formas de producción de energía".

    Asimismo, lanza una mirada positiva sobre la situación de la energía renovable en España. "Si se echa la vista atrás, a los últimos 20 años para coger perspectiva. Vemos que años hemos logrado una penetración del 65% de generación de energía renovable eléctrica en España y actualmente tenemos en ebullición el almacenamiento", afirma. Además, destaca que España es pionera en los gases renovables.

    Además, hizo hincapié en la necesidad de desfosilizar la energía en ligar de hablar de descarbonización. "Sin carbono este planeta no existiría. Abandonamos las energías fósiles, pero no el carbono", añade.
    castellonPlaza



SEGONS LA DIPUTACIÓ, LA PROVÍNCIA TIENE UN PLAN (energías renovables, la economía circular o los nuevos sectores tecnológicos)

  (Per ara, queda únicament evident el pla fotovoltaic)

LA FOTOVOLTAICA FALTA DE RENTABILIDAD I L´EMPASTRE MAGDA CONTINUA SERVINT COM MODEL DE FRACÀS

La otra cara del auge de la fotovoltaica: la inviabilidad técnica y económica frustra dos plantas en Benlloc

La promotora Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico desiste de los dos proyectos en la localidad, valorados en más de 6,2 millones de euros. Alega problemas para la compatibilidad urbanística y falta de rentabilidad


Susana Rochera Publicado: 25/11/2025 ·06:00

CASTELLÓ. El impulso inversor que ha convertido a la provincia de Castellón en un polo desarrollo fotovoltaico también deja tras de sí un escenario menos visible: el de los proyectos que no llegan a materializarse. La inviabilidad técnica, económica o territorial está provocando la retirada de varias iniciativas de generación solar en distintos municipios de la provincia.

El último ejemplo se ha producido en Benlloc. La empresa Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A. (EIDF) ha desistido de los dos proyectos que tenía en tramitación desde 2021 en este municipio. Se trata de las plantas Vilanova de Alcolea I y II, gemelas en potencia (9,99 MW cada una) y planificadas en diversos polígonos del término municipal. La última en quedarse por el camino ha sido la instalación Vilanova de Alcolea I, cuyo desistimiento ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a instancias de la empresa promotora. Se trata de un proyecto que contemplaba la instalación de  más de 18.500 módulos solares en una superficie de 140.000 metros cuadrados, con un presupuesto de 3.108.303 euros.  

Según las resoluciones emitidas por el Servicio Territorial de Industria, la promotora ha decidido renunciar al proyecto, al no poder acreditar la compatibilidad urbanística y como consecuencia de una serie de factores que han comprometido su viabilidad a lo largo de la tramitación. Entre ellos, la empresa señala los elevados costes técnico-económicos tras haberse otorgado el punto de conexión en 132 kV en lugar de 20 kV; la exigencia de un convenio de resarcimiento a terceros, de carácter confidencial y con un importe significativo; la reducción de superficie y de potencia útil debido a condicionantes ambientales y paisajísticos, que generaron sobrecostes por medidas compensatorias; la previsión de menores ingresos como consecuencia de la caída del precio de la energía vinculada al aumento de la oferta renovable; y la dilación de los plazos administrativos, que “modificaron las condiciones de financiación”.

Unos meses antes, la empresa también renunció al proyecto Vilanova de Alcolea II, de características casi idénticas al anterior, afectando a una superficie de 130.000 metros cuadrados y con una inversión prevista de 3.123.599 euros. También en aquel caso los argumentos esgrimidos por la promotora para su renuncia fueron los mismos. 

Estas alegaciones ponen de relieve una tendencia que empieza a aflorar en el sector: no solo existe una carrera por proyectar plantas renovables, sino también obstáculos que frenan aquellas que, sobre el papel, eran inicialmente viables.

Más desistimientos y proyectos frustrados en la provincia

El caso de Benlloc no es aislado. El pasado 15 de octubre, el DOGV publicó la renuncia al proyecto ISF Trencaes Bechí Solar, planteado en Onda por la filial española del grupo alemán Abo Energy. La iniciativa, de 4,2 MW de potencia y una inversión superior a 3,5 millones, ha quedado descartada tras los informes desfavorables de la Conselleria de Agricultura y de la Comunidad de Regantes Cota 2020, que consideraron incompatible su ejecución.

A estas renuncias se suman los dos últimos varapalos a la empresa Epower Solar Renewable, cuyos proyectos en les Coves de Vinromà y Benicarló han sido desestimados por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. En ambos casos, los servicios de Paisaje y Planificación Territorial exigieron el soterramiento completo de las líneas de evacuación, condición que la promotora calificó de “inviable técnica y económicamente” por su coste.

Pero el caso más significativo es sin duda el proyecto Magda, el mayor proyecto fotovoltaico desestimado en la provincia. La megaplanta, impulsada por Tregmul Trade SL (Akuo España) y tramitada desde 2020, proyectaba 129,7 MW de potencia y afectaba a más de una docena de términos municipales, con la instalación solar en Les Coves de Vinromà y una extensa línea de evacuación hasta Castellón y Almassora. Su dimensión y afección territorial desencadenaron una fuerte contestación social y municipal, con manifestaciones y la implicación de asociaciones vecinales y entidades locales. Aunque obtuvo autorización administrativa previa en abril de 2023, el proyecto acumuló una sucesión de informes desfavorables por incompatibilidad urbanística, territorial, ambiental y patrimonial, emitidos por ayuntamientos, la Diputación de Castellón y distintos servicios de la Generalitat. En junio de 2024, la promotora presentó su solicitud de desistimiento motivada por estos condicionantes, y en octubre de 2024 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico certificó oficialmente el fin del proyecto.

Junto a los factores económicos, técnicos y de impacto ambiental que frenan nuevas plantas, los propios ayuntamientos han comenzado a articular medidas de protección territorial ante la proliferación de proyectos de gran escala, especialmente en zonas agrícolas productivas. En 2022, Vilafamés se convirtió en el municipio pionero de la provincia al suspender cualquier licencia vinculada a macroinstalaciones fotovoltaicas y eólicas, tras el intento de implantación de la planta “Valentia Edetanotum FV1”, de 250 MWp y más de 555.000 paneles. Aunque la promotora finalmente desistió, el consistorio inició una reforma urbanística para blindar su término frente a estos desarrollos, modificación que ya ha sido aprobada y publicada oficialmente. Su ejemplo ha abierto camino: la Conselleria de Medio Ambiente tramita actualmente solicitudes similares de Viver, Altura, Les Useres y Betxí, que buscan limitar macroproyectos para preservar la agricultura y el valor paisajístico de sus territorios.

castellonPlaza


CD CASTELLÓN C, NÚMEROS DE LÍDER EN SEGUNDA



Entrenador: Manel Vedrí Blasco (2º Carlos Lozoya)
Titulares: 13 Leo Simón; 3 Theo Pons, 6 Kael Marzá, 12 Martín Peris , 16 Raúl Iordache; 10 Adrián Nebot, 11 Rodrigo Peris , 17 Alejandro Nania, 19 Francisco Vilalta; 7 Luis Redo, 9 Albert Andrei Gheorghe

Suplentes: 1 David Radulov, 4 Nicolás Cabello, 14 Juan Lafuente, 15 Adrian Dorobantu, 20 Vicente Marí, 21 Abderahmane Harkati, 22 Max Higuero.



Castellon Base

dilluns, 24 de novembre del 2025

El Consell ultima un nuevo plan eólico tras 25 años de bloqueos por la normativa de Zaplana

 

En más de dos décadas sólo se ha ejecutado el 50% del desarrollo previsto y el sector valenciano reivindica la eliminación de las zonas decretadas en 2001, salpicadas por el caso Erial




Elisabeth Rodríguez Publicado: 24/11/2025 ·06:00 Actualizado: 24/11/2025 · 06:17

VALÈNCIA. Tras veinticinco años de cortapisas y lastres, el desarrollo de la energía eólica en la Comunitat Valenciana parece atisbar el cambio que tanto ansía el sector de las renovables valencianas. Al menos en lo que a normativa se refiere, puesto que el Consell ultima el nuevo plan eólico que modificará el decretado por el gobierno de Eduardo Zaplana en 2001, investigado en el caso Erial, y cuya ejecución desde entonces apenas alcanza el 50%. 

Así lo confirman fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a ValenciaPlaza al asegurar que el Plan Eólico "está bastante avanzado", a falta de revisión y cerrar algunos flecos jurídicos. Según indican desde la cartera que dirige Marian Cano, esta normativa es uno de los ejes de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana. 

En 2024 el Consell manifestó su intención de revisar el denominado Plan Eólico tras la reivindicacion reiterada del sector, que critica especialmente la zonificación en la que se distribuyen los permisos para la instalación de aerogeneradores, lo que también conllevó problemas jurídicos con los promotores que desarrollaron o trataron de desarrollar algunos parques. Además, los procesos de adjudicación del Plan Eólico son objeto de investigación en el caso Eorial por amaño de adjudicaciones y cobro de sobornos de empresarios.

En este nuevo plan, la intención es contar con aerogeneradores de menor impacto pero más eficientes, tal y como como lleva tiempo pidiendo la normativa europea. Cabe recordar que la Generalitat tiene como objetivo alcanzar los 4.000 megavatios (MW) en 2030 y que actualmente hay instalados 1.243 MW, por lo que todavía queda pendiente más de la mitad por desarrollar en los próximos cinco años.

La patronal de las renovables valencianas, Avaesen, asegura que se encuentran en un grupo de trabajo abierto con técnicos y cargos de la conselleria y orevén que no se tardará en cerrar este nuevo plan. El sector ha trasladado a la mesa la petición de eliminar las zonas de desarrollo tal y como están configuradas, para que pase a funcionar como el desarollo de plantas fotovoltaicas, donde los promotores solicitan el permiso para instalarse en la zona más idónea.

"Reivindicamos un modelo similar al del desarrollo de la fotovoltaica, donde se puedan realizar proyectos fuera de las antiguas zonas eólicas, y que cada proyecto tenga su análisis ambiental específico. Es lo coherente con las normativas que emanan de Europa y con la situación actual de la tecnología, que permite la viabilidad de proyectos donde hace 25 años no era posible", especifican a este diario.

  • Imagen de un parque eólico. -
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Otras de las reivindicaciones es moderinzar el sistema de desarrollo. "El plan eólico de la Comunitat Valenciana tiene casi 25 años y tanto la tecnología como las normativas europeas. El plan eólico debe superarse por una estructura más moderna", agregan. "Solicitamos también un marco específico para la repotenciación de proyectos. Esto es importante, porque muchos parques eólicos están a final de su vida útil y además están saliendo ayudas para esto en el PRTR, y es importante que las aprovechemos como Comunitat, destacan.

Los seis frentes del Plan Eólico

Las costuras legales del modelo del Plan Eólico —desde su diseño técnico hasta sus adjudicaciones— se han manifestado en seis ejes principalmente durante las últimas dos décadas. Estas son las que más controversia han generado.

1. La fragmentación de parques

Uno de los puntos más sensibles del plan fue la división de grandes instalaciones en subconjuntos inferiores a 50 MW. Sobre el papel, se trataba de ordenar territorialmente la potencia; en la práctica, los tribunales dedujeron que esa estrategia permitía mantener la autorización en manos de la Generalitat y sortear la competencia estatal. Varias resoluciones del TSJ valenciano señalaron que algunos de esos subconjuntos constituían, en realidad, un único parque, anulando autorizaciones clave y sembrando dudas sobre la arquitectura jurídica del plan.

2. Los conflictos de interés en los estudios ambientales

La credibilidad institucional también se vio afectada por las denuncias de conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de estudios ambientales. El caso más sonado señaló al entonces director general de Energía por contratar a una empresa vinculada a un familiar directo. Aunque la investigación penal no derivó en condenas, el episodio alimentó la percepción de opacidad y añadió presión sobre un plan ya cuestionado por su diseño administrativo.

3. Choque con la normativa ambiental europea

La estructura original del plan tampoco encajó con las exigencias comunitarias. Varias ONG ecologistas elevaron denuncias a Bruselas alertando de posibles vulneraciones de la Directiva de Hábitats, la de Aves y la normativa europea de Evaluación de Impacto Ambiental. Los proyectos previstos en áreas protegidas —LIC, ZEPA o entornos de especial relevancia ecológica— colocaron al plan bajo el escrutinio europeo y activaron advertencias sobre la insuficiente integración del principio de precaución.

4. Evaluaciones ambientales cuestionadas

El procedimiento de evaluación ambiental fue otro de los puntos negros del plan. La utilización de "declaraciones complementarias" para modificar proyectos sin una nueva evaluación completa y la aprobación de algunas tramitaciones fuera de plazo abonaron la idea de que la administración actuó con una laxitud incompatible con la magnitud del despliegue previsto. El TSJ valenciano acabó por tumbar parte de esas actuaciones, reforzando la tesis de que el proceso nació con carencias estructurales.

5. Impactos sobre territorio y patrimonio

Más allá del plano jurídico, la oposición local encontró en la protección del territorio un argumento sólido. Colectivos y ayuntamientos afectados documentaron afecciones a zonas forestales, corredores faunísticos, elementos de piedra en seco y enclaves arqueológicos. Aunque muchas de estas denuncias no llegaron a los tribunales, sí alimentaron recursos, alegaciones y paralizaciones que complicaron aún más la ejecución del plan.

6. Caducidades y revocaciones que reabren el debate

Veinte años después, las consecuencias siguen aflorando. La Generalitat ha declarado en los últimos meses la caducidad de documentos ambientales de varios proyectos por irregularidades detectadas en la tramitación original. Estas decisiones no solo frenan parques previstos, sino que reabren el debate sobre la vigencia del modelo y refuerzan la necesidad —asumida ya por el Consell— de elaborar un nuevo marco regulatorio que cierre la etapa de incertidumbre jurídica y reubique la planificación eólica en parámetros actuales.

castellonPlaza

CONDEMNA AL FISCAL GENERAL DE L´ESTAT

 HI HAN MÉS JUDICIS EN LES QUE NO ES FA CAS ALS TESTIMONIS: L´ABSOLUCIÓ DELS TRAJES DE CAMPS, PER EXEMPLE


21 de gener del 2012, recordem-ho
"La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes".
  • "El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel."
" Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".


El sastre, la cajera y los cabecillas de Gürtel, los testigos clave en el 'caso de los trajes'

El sastre Jose Tomás, durante el juicio por el 'caso de los trajes' contra Ricardo Costa y Francisco Camps.
El sastre Jose Tomás, durante el juicio por el 'caso de los trajes' contra Ricardo Costa y Francisco Camps.Kai Försterling / EFE
NOTICIA
21 ene 2012 - 16:01
  • De los noventa testigos que han declarado en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa, algunos han destacado por la relevancia de sus testimonios.
  • La cajera de la tienda madrileña Forever Young reveló que los acusados nunca le habían pagado en efectivo por los trajes.
  • El sastre José Tomás respaldó la versión de la cajera e incidió en que todo se computaba a una cuenta de Pablo Crespo, imputado en Gürtel.

Los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, la cajera de la tienda madrileña Forever Young o el sastre José Tomás se han convertido en algunos de los testigos más importantes del juicio por el llamado 'caso de los trajes' contra Francisco Camps y Ricardo Costa.

Cerca de noventa personas han explicado al tribunal popular del juicio de los trajes su versión acerca de los regalos que supuestamente entregó la trama Gürtel al expresident de la Generalitat y al exsecretario general del PPCV durante los 26 días que ha durado el juicio.

Sus declaraciones, en algunos casos, como el de José Tomás y el del propietario de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, se llegaron a prolongar hasta siete horas por las preguntas de las fiscales y los abogados, muchas de las cuales no obtuvieron respuesta.

La primera persona que declaró como testigo fue la exadministradora de varias empresas del grupo Correa, Isabel Jordán, quien tuvo que explicar la conversación utilizada como prueba en el juicio en la que decía: "Hemos pagado incluso 30.000 euros a una tienda llamada Milano para pagar los trajes de Camps".

Jordán, bajo protección policial tras las denuncias que interpuso contra Francisco Correa y Pablo Crespo, aseguró ante el juez que en realidad no sabía si eso era cierto y achacó la afirmación a los nervios y la presión.

Correa sucedió a Jordán en la sala pero decidió guardar silencio, una opción que aceptó el magistrado al estar imputado en otros dos procesos judiciales abiertos en Valencia y en Madrid con los que podría existir relación.

El supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, aconsejado por el mismo abogado que Correa, también prefirió no prestar declaración, pero cambió de idea durante el interrogatorio del abogado defensor de Camps y aseguró que ninguna de las empresas que dirigía pagó prendas de vestir ni a Camps ni a Costa.

A Álvaro Pérez, 'El bigotes', le llegó el turno de declarar como supuesto responsable de la filial valenciana de Gürtel días después, y aunque también se negó a declarar, no desaprovechó la oportunidad de realizar una única afirmación para negar haber regalado trajes a los imputados en la causa.

Los tres cabecillas comenzaron a ser investigados a raíz de una denuncia del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que también prestó declaración y aseguró que Correa le había hablado del sastre que hacía "todas las cosas para Camps y Costa", aunque añadió que no podía saber si sus empresas regalaron trajes a políticos valencianos.

Facturas modificadas, escoltas que prestan dinero...

Otro de los testigos más esperados fue José Tomás, quien aparte de insistir en que no era sastre declaró durante cerca de siete horas, afirmando que Camps no pagó ninguna de las prendas de vestir adquiridas en las tiendas en las que trabajaba y que todo se computaba en una cuenta que abonaba Pablo Crespo.

Las declaraciones de los testigos también incluyeron la comparecencia del exvicepresidente del Consell Víctor Campos, que junto al exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, que se negó a declarar en el juicio, aceptó en septiembre el pago de una multa de 9.600 euros por aceptar regalos de la trama.

Sin embargo, en el juicio Camps se declaró inocente y aseguró que había firmado la conformidad "a efectos formales" para acabar "con un drama personal", algo que según dijo también iba a hacer Camps el mismo día que dimitió como president porque así habían "quedado los cuatro".

También destacó la declaración de una excajera de Forever Young, María Calero, quien afirmó que ninguno de los acusados le pagó nunca en efectivo en sus visitas a la tienda y relató que la primera vez que vio a Camps, éste se acercó hasta la caja para darle la mano y no para abonar el traje que se estaba llevando.

Al día siguiente, el que fue su jefe y propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, mostró su versión de los hechos, que consiste en que Tomás facilitó a modo de regalo facturas falsas a Pérez y Crespo "para que se desgravaran" esos importes.

Además, negó la declaración del informático Francisco Ferre, que había admitido horas antes que, a petición de los responsables de Forever Young, modificó tres registros de venta sustituyendo el nombre "Camps" por la inscripción "Alv Pérez", que según afirmó correspondía al nombre del responsable de Orange Market.

Una de las últimas declaraciones destacadas fue la del exescolta de Camps, un policía nacional que afirmó haber prestado cerca de 200 euros al expresident para pagar en Forever Young, versión que corroboró el conductor oficial que también les acompañaba en ese momento.

20minutos.es



DIRECTO | SUSANA CAMARERO ante la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN por la DANA en el CONGRESO | RTVE


La vicepresidenta del Consell y Consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero Benítez comparece en la comisión de de investigación por la gestión de dana el 29 de octubre de 2024 en el Congreso de los Diputados.
RTVE Noticias

diumenge, 23 de novembre del 2025

JUDICI DE LA TRAGÈDIA DEL 29-O, DETALLS

 




  • Carlos Mazón, en la comisión de la Dana del Congreso 

PROCESSAMENT DEL FISCAL GENERAL DE L´ESTAT, FIRMA LA PETICIÓ A L´ENLLAÇ DE LA PRIMERA FIRMA

 


La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.


La asociación Defiéndete en Derecho presentó hace meses un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial, suscrito por 10.500 personas de todos los sectores de la sociedad civil española, solicitando el no procesamiento del Fiscal General del Estado, sin haber recibido respuesta alguna a dicho escrito.

Decíamos en nuestro escrito que: “Observamos una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la Administración de Justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político. Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del Parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública.”
Decíamos asimismo que nuestra Asociación no alcanzaba a comprender “cómo un secreto revelado por un obligado tributario, que mantiene un conflicto con la Administración de Hacienda y la de Justicia, y sobre el que es el primero en comunicar públicamente una supuesta negociación con la Fiscalía competente por la imputación de un delito fiscal, se transforma en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado precisamente por el contribuyente afectado por esa investigación.”

Hemos asistido después a un juicio mediático cuyo desenlace ha sido hecho público en una fecha cargada de simbolismo en la historia de nuestro país, simbolismo perfectamente conocido por los magistrados del Alto Tribunal (lo contrario sería suponer una impericia injustificable), habiéndose publicitado la sentencia con una inusitada celeridad —en lo que no es la práctica jurídica habitual de ese Tribunal— y sin estar redactado el contenido de la misma; anomalías todas ellas haciendo difícil de comprender en fecha tan señalada.

Cabe recordar y reiterar que, ante la denuncia espuria de un sindicato de ultraderecha, unos funcionarios de la Administración Pública y miembros del Tribunal Supremo se han mostrado alineados con los intereses políticos conservadores tras una deliberación que apenas ha durado siete días, para un asunto que ha sido calificado por todos los operadores como de una trascendencia de especial gravedad. Y, sustituyendo a la ponente prevista para la redacción de la sentencia, muestran una suerte de celebración del 50 aniversario de la muerte de un dictador.

Creemos que esta situación genera un enorme descrédito para la administración funcionarial de la Justicia. Y, por todo ello, somos conscientes de la necesidad de reaccionar ante situaciones sobrevenidas que no debemos democráticamente consentir.

El 10 de diciembre se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó en 1948 y que se vulnera tanto a escala mundial como, en este caso y otros, en España. ¿Dónde queda el “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo) y el artículo de esa declaración universal que protege la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la libertad de prensa, cuando se obvia paladinamente la declaración de periodistas sujetos a la obligación de no revelar sus fuentes de información?

Creemos respetuosamente que esos preceptos se han vulnerado y nos parece prudente exigir (también con el mayor respeto a la independencia del Poder Judicial) la inmediata dimisión de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en pleno. Precisamente para que el Poder Judicial sea eso: independiente.

Opinamos que es preceptivo, si es que la soberanía reside en el pueblo, como dicta nuestra Constitución, norma de obligado cumplimiento para todos y, especialmente, para quienes, como son los jueces, deben hacerla cumplir.

En consecuencia, llamamos a toda la ciudadanía que esté de acuerdo con nuestra proposición para que firme el apoyo público a este escrito, a fin de remitírselo al Defensor del Pueblo y al Consejo del Poder Judicial, por considerar que es presumible la vulneración de derechos constitucionales que habrán de dirimirse una vez conocida la sentencia y los votos particulares de la Sala.

La asociación Defiéndete en Derecho pide (respetuosamente) la dimisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.