Subvenció 2025
APROBACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL EJERCICIO 2024.
Subvenció 2024
BOP Número 154 - 21 de diciembre de 2024
"Otro despilfarro más de los gobiernos que echan por tierra lo que el anterior ha previsto y no lo consideran ya interesante", critican desde La Unió Llauradora, que afea al Consell actual no haber tomado el relevo del proyecto
VALÈNCIA. Dos de marzo de dos mil veintidós. Palau de al Generalitat. El anterior jefe del Consell, Ximo Puig, presenta junto a la entonces consellera de Agricultura, Mireia Mollà, las principales organizaciones agrarias y la aceleradora Innsomnia, el megaproyecto que revolucionaría la investigación y la innovación en el campo valenciano. Se trataba de la puesta en marcha de cuatro agro-hubs, cada uno enfocado en una actividad del sector agrícola puntera en su región, y que se enmarcaba dentro de la iniciativa la Digitalizadora Agraria.
Pero a aquella puesta en escena, acompañada de una celebración claramente prematura, le ha seguido un silencio sepulcral durante tres años. De aquel anuncio a bombo y platillo nada se sabe a día de hoy. El megaproyecto de los cuatro agro-hubs ha corrido la misma mala suerte que otras iniciativas al quedarse guardado en el baúl de los olvidos. "Otro despilfarro más de los gobiernos que echan por tierra lo que el anterior ha previsto y no lo consideran ya interesante", critican desde La Unió Llauradora, que afea al Consell actual no haber tomado el relevo del proyecto para el que la Generalitat había anunciado la inversión de seis millones de euros.
Sin embargo, la aceleradora Insomnia destaca que el problema no reside en la gestión de ninguno de los dos gobiernos autonómicos, sino en las expectativas que se generaron por parte del Gobierno al anunciar que habría un PERTE Agroalimentario que finalmente lanzó el Ministerio de Industria en lugar del de Agricultura. "Aquel proyecto no salió porque se iba a hacer al amparo del PERTE Agroalimentario, pero al hacerlo el Ministerio de Industria solo acogía proyectos desde su fase industrial de los alimentos, dejando fuera la parte agrícola, que era lo que se diseñó", explican.
Después de que el PERTE fuera lanzado por la cartera de Industria, la Generalitat trató de captar fondos europeos mediante otras vías o bien con la esperanza de un PERTE que sí contemplara toda la cadena productiva, incluyendo la fase primaria del campo. Sin embargo, la tentativa se quedó sólo en eso, mientras que una parte importante de agricultores valencianos se quedaron esperando la construcción de esos agro-hubs que, en muchos casos, generaron una gran expectativa por las sinergias que podía generar, así como atracción de inversiones y nuevos puestos de trabajo. De hecho, el proyecto de la Digitalizadora Agraria planteaba crear casi 6.000 empleos en total repartidos por varias comundiades autónomas a través de los fondos Next Generation.
Estos agro-hubs, que se iban a ubicar en las localidades de Morella, Requena, Polinyà del Xúquer y Elche, se iban a especializar en ganadería, viticultura y enología, agricultura mediterránea y gestión del agua, respectivamente. Estos centros de innovación debían estar liderados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La Unió de Llauradors i Ramaders, Cooperatives agro-alimentàries Comunitat Valenciana y Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante.
La iniciativa 'Digitalizadora Agraria', que fue anunciada por el anterior Consell como un proyecto a las puertas de ser prácticamente una realidad, aspiraba a aglutinar una inversión de hasta 500 millones de euros y con los que se podrían crear hasta 5.431 puestos de trabajo, fundamentalmente centrados en mujeres y jóvenes en el mundo rural de 203 municipios.
El objetivo de la propuesta consistía en mejorar la competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y la seguridad alimentaria a nivel nacional, con la participación de más de 6.000 agricultores y ganaderos, cooperativas, y agroindustrias de siete comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana.
En aquella presentación de Puig en el palau, el entonces jefe del Consell agradeció el trabajo realizado por el centro tecnológico Ainia y por el hub de innovación Insomnia, por impulsar la iniciativa, así como por los alcaldes y alcaldesas de los municipios que participaban en el proyecto, y a los representantes de organizaciones agrarias y cooperativas, que también formaban parte del ecosistema agroalimentario. Y lo cierto es que ya se habían realizado estudios y analizado las ubicaciones que tendrían estos cuatro agro-hubs, algo que suscitaba especial interés sobre todo a los propietarios de terrenos que podían verse afectados.
Una de las promesas que acompañaron al anuncio de estos cuatro agro-hubs era que serviría para reunir a líderes mundiales del sector. La Universidad Politécnica de Valencia impartiría en Requena cursos para el manejo de drones agrícolas, así como para el uso de tecnología digital, con una visión internacional de los desarrollos que se están produciendo en otros países del norte de Europa, Israel, Asia o Latinoamérica.
El megaproyecto estaba lo suficientemente avanzado como para que ya se hubieran determinado las ubicaciones. El hub de Requena se había proyectado en el polígono de El Rebollar y se especializaba en la agricultura continental, con especial incidencia en la viticultura. El proyecto establecía inicialmente una extensión de unas 50 hectáreas para campo de pruebas que estarían gestionados por la Federación de Cooperativas Agroalimentarias.
El hub de Morella, por su parte, se iba a especializar en ganadería y forestal bajo la gestión de La Unió. El de Polinyà del Xùquer se instalaría en la Finca Sinyent de AVA y experimentaría en agricultura mediterránea, mientras que el de Elche, gestionado por Asaja-Alicante, pretendía avanzar en la gestión del agua con las últimas tecnologías digitales.
El proyecto iba a contar inicialmente con una red de seis hubs al sumar los Rural Innovation Hubs de Carmona (Sevilla), especializado en aceite de oliva, y el de Barrax (Albacete). En estos agrohubs se pretendía experimentar y formar a los agricultores en la digitalización del sector agrario con tecnologías como la inteligencia artificial, la sensórica a través del internet de las cosas, la robotización, los drones, el blockchain, el mantenimiento predictivo, la analítica de datos, los tractores inteligentes o la realidad aumentada, entre otros avances.
Además, la Digitalizadora Agraria contaba con un pool de grandes empresas tecnológicas, importantes actores del sector agroalimentario y una amplia capilaridad de cooperativas y explotaciones agrarias y ganaderas ubicadas en Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, Cataluña y Madrid.
Entre ellas destacaban AgroBank, entidad financiera líder en el sector agroalimentario y del mundo rural en España, del grupo CaixaBank; Telefónica de España a través de su área de Telefónica Empresas; la estadounidense Esri, líder mundial en Sistemas de Información Geográfica (GIS); la firma japonesa de tractores y maquinaria agrícola Kubota; el líder de drones agrarios chino DJI a través de su filial ASDrones; la empresa Asdron Spain especializada en agricultura de precisión; la multinacional italiana Sipcam especializada en protección de cultivos y bioestimulantes.
También se unió Agerpix, con soluciones digitales a medida; el grupo de certificación internacional líder en el mundo Kiwa; la empresa de soluciones digitales para cultivos de alto valor Fede; Grupo Gimeno, con sus unidades de negocio especialistas en agua, residuos, energía y digitalización; la firma de gestión del agua y residuos Facsa; la compañía Vainsa con soluciones de gestión inteligente de explotaciones agrarias y de infraestructuras hídricas; VisualNACert, la plataforma tecnológica de soluciones digitales para la agricultura o el grupo de ingeniería Grupotec especializado en energías renovables así como en valorización y eficiencia energética. La Politécnica de Valencia debía actuar como centro tecnológico y formativo, aportando la parte de I+D+i en el ámbito agroalimentario
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Però ha vingut al terme de les Coves, això si: "Más alejado de la zona cero de la catástrofe, resalta un acto en Coves de Vinromà (Castellón) para visitar puntos de caminos rurales afectados por la riada."
El 'president' registra en su agenda cerca de 90 actos sobre la riada durante su segundo ejercicio en la Generalitat
VALÈNCIA. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mantuvo la intensidad de su agenda institucional durante su segundo año completo al frente del Gobierno valenciano: algo más de 600 actos en un ejercicio especialmente marcado con las inundaciones provocadas por el paso de la Dana por el sur y oeste de la provincia de Valencia a finales del pasado mes de octubre. La riada anegó decenas de municipios y provocó la muerte de 228 personas, poniendo en el foco mediático la gestión llevada a cabo tanto por el propio Mazón como por el conjunto del Ejecutivo autonómico durante la tarde del 29 de octubre.
Desde entonces, el jefe del Consell ha pasado por diferentes etapas según el clima político y social. Durante las primeras semanas, la atención estuvo puesta en la atención de la emergencia en los municipios damnificados, aunque con el paso del tiempo el prisma se desplazó hacia la reconstrucción del territorio afectado. En este sentido, Mazón ha registrado en su agenda disponible en el portal de datos abiertos de la Generalitat - GVA Oberta - un total de 89 actos relacionados con la Dana. Según la clasificación realizada por este periódico, estos actos comprenden desde su asistencia al Cecopi durante los días posteriores a la riada hasta acciones orientadas a la recuperación posdana, tales como visitas a las instalaciones de Metrovalencia o la presentación del Pla Endavant.
La gran mayoría de estos actos - en torno a tres de cada cuatro - se han desarrollado fuera de las zonas directamente afectadas por la riada. Es decir, de cada cuatro actos que el jefe del Consell ha registrado a su agenda sobre la Dana, uno de ellos se ha llevado a cabo en un punto que fue dañado por el paso de las inundaciones. En cualquier caso, un buen número de los actos registrados en zona Dana se ubican en zonas alejadas el casco urbano de los respectivos municipios al centrarse en visitas a caminos rurales e infraestructuras públicas que se vieron dañadas durante la jornada de la catástrofe.
De esta manera, la presencia de Mazón por la zona cero de la Dana se ve más reducida si se tiene en cuenta su presencia en el interior de los municipios afectados. Destaca especialmente su asistencia a lo diferentes actos que han protagonizado los Reyes de España en varios municipios afectados, tales como Paiporta, Utiel o Chiva.
En este sentido, la gran mayoría de su agenda relacionada con la Dana se ciñe a dos localidades, València y l'Eliana, sumando en esta última un total de 25 actos, siendo gran parte de los mismos asistencias al Cecopi. Mientras que, respecto al 'Cap i Casal', cabe mencionar que se trata de una ciudad afectada por la Dana de manera parcial. Los actos agendados por Mazón acontecidos en las zonas afectadas de la ciudad han sido incluidos en la citada cuarta parte de acontecimientos que se han producido en territorio damnificado.
En la ciudad de València, el jefe del Consell registra recepciones, comparecencias, reuniones y algunas visitas. Entre todos estos actos destaca la misa funeral en memoria de las víctimas de las riadas; las reuniones con alcaldes de varios municipios afectados por la riada, tales como Paiporta o Utiel; la presentación del Pla Endavant; así como visitas a algunas obras de reparación de infraestructuras y la entrega de las primeras 21 viviendas de un edificio ubicado en La Torre a familias afectadas por la riada.
Más allá de las dos localidades mencionadas, el jefe del Consell visitó hasta el pasado 17 de julio otros 14 municipios para abordar cuestiones relacionadas con la Dana. En este sentido, destaca su paso por Torrent, capital de l'Horta Sud y uno de los principales bastiones del Partido Popular en la provincia de Valencia. Mazón ha contado con cinco actos en esta localidad, entre ellos la puesta en marcha del corredor de autobús que conectó Torrent y València ante los daños producidos en la red de Metrovalencia; o la reapertura del viaducto de la CV-36 sobre el barranco del Poyo.
En el resto de localidades, el jefe del Consell suma entre uno y dos acontecimientos en su agenda pública. Mazón visitó dos veces Cheste con motivo de la Dana, ambas para ver los avances en la reconstrucción del Circuito Ricardo Tormo. También estuvo en dos ocasiones en Utiel, la primera acompañando a los Reyes y la segunda visitando caminos rurales dañados por la riada.
En el caso de la comarca de la Ribera Alta, el president cuenta con un acto en el municipio: visitó un parque industrial acompañado por el alcalde de esta poblacion. También cuenta con un solo acto en el caso de Chiva y Paiporta, en ambos casos acompañando a los Reyes en sendas visitas. Más alejado de la zona cero de la catástrofe, resalta un acto en Coves de Vinromà (Castellón) para visitar puntos de caminos rurales afectados por la riada. También destaca una visita a las instalaciones de Alicante Gastronómica Solidaria, una entidad que repartió más de 175.000 menús calientes en cerca de una veintena de localidades damnificadas por la Dana.
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Amb una festa, animacions i un concurs de paelles, els agermanats de Pinet estan fent diners per organitzar-nos la millor acollida
En el marc dels preparatius per a l'arribada dels agermanats i per donar-los la benvinguda en les millors condicions possibles, el comitè d'agermanament organitza la seva primera vetllada de festa.
L'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 6 de setembre. Al programa d'aquesta vetllada amistosa, s'oferirà un plat acompanyat de gelat per 12,50 €. Els participants també podran gaudir d'animació musical i de ball amb els ballarins d'Alma de Luna, així com també amb Chupo, guitarrista i cantant. Un concurs de paelles completarà la celebració. Començarà a les 17 h. La inscripció costa 5 €. Vins de la finca Laurent Gaujal acompanyaran la vetllada. Les reserves estan obertes fins al 30 d'agost.
Les normes del concurs de paelles es poden sol·licitar enviant un correu electrònic a comitedejumelage.pinet@yahoo.com o trucant al +33 6 20 68 01 17.
zEl Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular una resolución del departamento de Patrimonio de la Xunta firmada por una alto cargo del PPdeG, Sandra Quintas Vázquez, número 2 del partido en Ourense y alcaldesa de Bande, por su “carencia absoluta de motivación”. La actuación irregular de la popular, en el marco de una petición oficial de transparencia formulada por Praza.gal, permite a Casal de Armán, empresa de la familia del conselleiro de Empleo, José González Vázquez, mantener oculto el expediente que Patrimonio tiene abierto contra ella por un salón de eventos que explota desde 2015 en Ribadavia, junto a una antigua casa rectoral protegida. Una estructura que la propia Xunta considera “ilegalizable”, como también avaló el TSXG.
Desde 2015 Casal de Armán, bodega y casa de turismo rural de la familia de José González Vázquez, actualmente conselleiro de Empleo y antes de Medio Rural, viene explotando un salón de eventos ilegal e ilegalizable junto a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio en el que la Xunta abrió en 2019 el Museo del Vino de Galicia, lo que atrajo visitantes a la zona.
A los pocos meses de levantar la estructura del salón de banquetes, Patrimonio de la Xunta acordó demolerla, pero desde entonces diversos recursos de la empresa y la lentitud de la Consellería de Cultura en responder a ellos vienen demorando esa restitución de la legalidad, lo que permite que la empresa siga explotando comercialmente la edificación ilegal. Praza.gal lleva años informando de diversas derivadas del caso y en 2020 tuvo acceso, tras una petición de transparencia obstaculizada por la Xunta, al expediente de reposición de la legalidad abierto por Patrimonio y avalado después por la justicia.
En aquel acceso a la documentación de 2020 la Xunta no facilitó el expediente sancionador paralelo que debería haber abierto con multas periódicas mientras no se lograse la reposición de la legalidad. Añadido a ello el hecho de que tres años después la edificación seguía en pie, este diario formuló en septiembre de 2023, hace casi dos años, una nueva petición de transparencia para acceder tanto al expediente de reposición de la legalidad ya consultado antes para así poder comprobar su evolución, como al expediente sancionador.
La Xunta, tras un silencio inicial que tuvo que ser corregido por la Valedora do Pobo como responsable de la Comisión de Transparencia de Galicia, consultó la petición formulada por Praza.gal con la empresa afectada, como contempla la Ley de Transparencia, y esta presentó alegaciones en contra de la divulgación de los expedientes.
Recursos de la empresa y la lentitud y errores de la Consellería de Cultura en responder a ellos vienen demorando la demolición ratificada por la justicia de la estructura ilegal de Casal de Armán, proceso que ahora la Xunta contribuye a mantener oculto con un nuevo error.
Tras esas alegaciones, la Xunta decidió dar acceso a este diario a los expedientes, pero lo hizo en una resolución en la que no respondió a las objeciones formuladas por la empresa, limitándose a descartarlas sin hacer explícita ninguna motivación. Así que la empresa recurrió en marzo del pasado año esa resolución ante el TSXG y este acaba de darle ahora la razón: “Nos encontramos ante una carencia absoluta de motivación de la resolución combatida, pues es palmaria la ausencia total de respuesta a las alegaciones y concretos motivos de oposición a la solicitud de acceso”, señala el tribunal, que evidencia que el cuerpo de la resolución “se limita a referir, respecto [de las alegaciones], que ‘una vez examinadas las alegaciones, resuelvo’, sin señalar siquiera los motivos de oposición”.
Así, anulada ahora por la Justicia la resolución con la que la Xunta dio acceso a Praza.gal a los expedientes, el resultado paradójico es que el proceso de transparencia debe reiniciarse, lo que ya ha instado oficialmente este diario, pero acumulando un retraso de al menos año y medio.
Alcaldesa de Bande desde 2020, Sandra Quintas, a quien el TSXG deja en evidencia, fue nombrada directora de Patrimonio en Ourense y unas semanas después secretaria general del PP provincial.
La resolución no motivada de la Xunta anulada por el TSXG que deriva en este obstáculo a la transparencia fue firmada en diciembre de 2023 por Sandra Quintas Vázquez, entonces como jefa del Servicio de Coordinación Cultural de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta. Sandra Quintas es también alcaldesa de Bande desde 2020, en junio del pasado año fue nombrada por la Xunta directora territorial de la Consellería de Cultura en Ourense y tres semanas después era elegida secretaria general del PP en Ourense.
Su resolución, además, contenía otro error que facilitó más motivos de alegación por parte de la empresa. Aunque Praza.gal solicitó el acceso a los expedientes sancionador y de reposición de la legalidad, Quintas autorizó el acceso al “expediente relativo al proyecto de desmontaje de edificación existente”.
Por otra parte, la sentencia ahora emitida por el TSXG que invalida la actuación de Quintas revela, al reproducir argumentos esgrimidos por la Xunta en el proceso, que Casal de Armán mantiene todavía dos pleitos judiciales abiertos por su estructura ilegalizable, con “el Concello de Ribadavia, en el recurso que pende ante el Juzgado número 1 de Ourense, y esta Consellería [de Cultura]” ante la misma sala y sección del tribunal que resolvió este caso.
Casal de Armán, impulsada por el ya fallecido padre del conselleiro de Empleo, se define como “empresa familiar” y está repartida entre dos sociedades, Casal de Armán SL, responsable del salón de eventos ilegal, y Bodegas Casal de Armán SL. De esta última fue socio José González Vázquez “por herencia” con sus hermanos hasta 2018, año en que se deshizo de su participación al ser nombrado miembro del Gobierno gallego.
En 2019 Casal de Armán comenzó a tramitar un plan urbanístico para ampliar sus instalaciones y, entre otras cuestiones, construir un “nuevo restaurante de eventos” que sustituiría a la edificación ilegal actual.
Antes de entrar en la política activa, como inspector de Hacienda José González Vázquez, que también se presentaba como empresario vitivinícola, fue vocal del Consorcio de la Zona Franca de Vigo entre 2009 y 2014 y uno de los tres administradores concursales que tuvo durante su suspensión de pagos el Celta, propiedad de la familia Mouriño, que cuenta también con importantes intereses vinícolas. En las elecciones gallegas de septiembre de 2016 González Vázquez entró en el Parlamento como diputado del PPdeG, y dos años después pasó a ser conselleiro.
Con González Vázquez aún como socio, Bodegas Casal de Armán SL incumplió, según una sentencia del TSXG revelada por Praza.gal, una subvención de Medio Rural de 47.000 euros porque tenía “licencia de cosechero” y no para la “producción industrial” que realmente realizaba y porque no justificó correctamente los gastos a los que iba destinada la ayuda.
De forma paralela a su infructuosa lucha judicial para intentar mantener el salón de eventos ilegal, Casal de Armán puso en marcha un plan urbanístico para poder ampliar sus instalaciones con nuevas edificaciones dedicadas al enoturismo, espacios que pasarían a suplir los servicios que ahora se prestan en la edificación a demoler. La evaluación ambiental de ese plan urbanístico finalizó en 2020, pero la Xunta no lo publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta noviembre de 2023, lo que facilitó a la empresa más margen temporal para que salga adelante la obra antes de que caduque el permiso.
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