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La corrupción es una de las mayores lacras que enfrentan las sociedades democráticas. Las distintas Administraciones tienen el deber de hacer todos los esfuerzos necesarios para prevenirla y castigarla una vez es detectada. Durante los últimos años el ejecutivo ha aprobado más de 30 medidas para dotar de mayor transparencia a las instituciones públicas y combatir la corrupción. La aprobación de una Ley para proteger a los informantes y de una Autoridad Independiente, el impulso de un Plan de Acción por la Democracia con medidas dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho y luchar contra la corrupción y la creación de dos nuevas fiscalías de Sala especializadas son buen ejemplo.
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