MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona por presuntamente favorecer a empresas gasistas mediante modificaciones legislativas a cambio de pagos a la consultora Equipo Económico, de la que fue socio fundador y presidente.
Según un auto judicial conocido este miércoles, el juez Rubén Rus imputa a Montoro y otras 27 personas, entre ellas exaltos cargos de Hacienda y directivos de empresas gasistas, por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación y tráfico de influencias.
La investigación revela que las empresas gasistas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim) habrían pagado 779.705 euros a Equipo Económico entre 2011 y 2019 para conseguir cambios legislativos favorables en el Impuesto sobre la Electricidad y el IAE.
El juez destaca que Montoro, como ministro de Hacienda, habría hecho “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para asegurar ganancias al despacho Equipo Económico, permitiéndole ofrecer reformas beneficiosas para sus clientes “en menoscabo del sector público”.
TRAMA ORGANIZADA
Las investigaciones han revelado que la consultora Equipo Económico, fundada por Montoro, actuaba como una organización que utilizaba una red de influencias para lograr modificaciones legislativas favorables a sus clientes mediante importantes pagos.
Entre los imputados figuran el ex secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré, la exsubsecretaria Pilar Platero y varios ex directores generales que fueron nombrados por Montoro y ocuparon cargos clave en la tramitación de las reformas legales investigadas.
Los investigadores han detectado que las empresas gasistas intentaron primero conseguir los cambios normativos por vías regulares, sin éxito. Solo cuando contrataron a Equipo Económico lograron las modificaciones deseadas, llegando incluso a redactar ellas mismas los textos legales.
PAGOS MILLONARIOS
La investigación ha constatado que las empresas Air Liquide, Praxair, Messer, Carburos Metálicos y Abelló Linde realizaron pagos a Equipo Económico que multiplicaban por diez lo cobrado por otras consultoras que elaboraban informes técnicos similares.
El auto judicial señala que el despacho cobraba estas elevadas cantidades pese a que los informes técnicos eran elaborados por terceras empresas como Ernst & Young, lo que sugiere que los pagos encubrían comisiones por ejercer influencias.
REFORMAS A LA CARTA
Los investigadores han encontrado correos electrónicos que demuestran que las empresas gasistas redactaron directamente los textos legales que luego fueron aprobados, evidenciando una “sustitución o externalización indebida” en el ejercicio de potestades normativas.
El juez considera especialmente grave que el texto aportado por las gasistas para modificar el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) “se corresponde exactamente” con el que acabó publicándose en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
ALTOS CARGOS IMPLICADOS
Entre los investigados figuran también varios altos cargos de Hacienda que habrían facilitado las reformas legislativas, como el ex director general de Tributos Diego Martín-Abril y el ex subdirector de Tributos Locales Óscar del Amo.
La investigación revela que estos cargos mantuvieron reuniones con las empresas gasistas y recibieron directamente de ellas los textos legales a aprobar, evidenciando, según el juez, un “abuso grave del ejercicio de su función pública”.
DIRECTIVOS EMPRESARIALES
El auto también imputa a numerosos directivos de las empresas gasistas, como Patrick Emmanuel Marcel, de Air Liquide; Eduardo García de Praxair y Francesco Maione, de Carburos Metálicos, por su presunta participación en los pagos y reuniones para conseguir las reformas legislativas.
Los investigadores han encontrado correos que demuestran cómo estos directivos coordinaban con Equipo Económico las estrategias para lograr los cambios normativos, incluyendo reuniones con el propio ministro Montoro.
Las modificaciones legislativas conseguidas permitieron a las empresas gasistas obtener importantes beneficios fiscales, tanto en el Impuesto sobre la Electricidad como en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
El juez destaca que estos cambios normativos se aprobaron sin que existiera justificación técnica para el cambio de criterio y pese a que anteriormente se había denegado expresamente estas mismas pretensiones a las empresas gasistas.
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